Los altos niveles de corrupción en América Latina y la ausencia de medidas para combatirla favorecen a las redes criminales y agudizan la violencia en una región con fuertes tasas de homicidio, advirtió Transparencia Internacional (TI) en su informe.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI (IPC)clasifica anualmente a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a 100 (muy limpios) usando datos de fuentes como el Banco Mundial o empresas de consultoría.
Los datos globales revelan un estancamiento de la lucha contra la corrupción y ponen de manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. "La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera", destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina.
Los países con puntuaciones más bajas registran una alta criminalidad o sufren conflictos sociales y suelen tener estallidos de violencia. Es el caso de Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23), que tienen las peores notas de América Latina.
En esos países se han difuminado las líneas entre instituciones públicas y redes criminales, apunta TI. El índice de los últimos tres ha descendido de manera significativa desde 2017.
Uruguay (74) y Chile (67), en cambio, son los mejor calificados de la región, seguidos de Costa Rica (54), aunque este alcanzó su puntuación más baja por recientes casos de corrupción y denuncias de un financiamiento ilícito de la campaña electoral del actual presidente Rodrigo Chaves.
En tanto, por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos, que se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados. El País obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán.
Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) repiten como los menos corruptos del mundo, según este informe.
La falta de avances en la lucha contra la corrupción "ha derivado en la región en un debilitamiento de las instituciones democráticas y en un aumento de la violencia y un avance del crimen organizado en las instituciones públicas", alertó Luciana Torchuaro, asesora regional para América Latina de TI.
"Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia", señaló Delia Ferreira Rubio, presidenta de la ONG.
En un análisis, TI cita la inestabilidad que azota Perú, con seis cambios de gobierno en seis años y donde cinco expresidentes están investigados por corrupción, incluido Pedro Castillo. La represión de las manifestaciones desencadenadas por su destitución en diciembre han dejado unos 65 muertos.
En otros países, advierte, los organismos públicos han sido cooptados por "las élites y el crimen organizado" y las autoridades responsables del cumplimiento de la ley hacen caso omiso de actividades ilícitas o atropellos a los DDHH a cambio de dinero.
AFP y AP
MAAZ