El gobierno de El Salvador sostiene una guerra abierta contra las pandillas o maras, por eso el presidente Nayib Bukele mantiene un estado de excepción desde 2022, que le permite operar contra esas organizaciones, pero según especialistas, son responsables sólo de 20% de la violencia.
El investigador de la UAM, Alfredo Nateras Domínguez, dijo a El Heraldo de México que "respecto al asunto de la violencia que ya existe en el país desde el siglo pasado, desde los 80 hasta la fecha ha incrementado durante varios gobiernos en 15%.
"Más o menos 20% de esas violencias en Centroamérica, especialmente de El Salvador, son cometidos por las pandillas cuando cobran la renta, por ejemplo, pero ellos no son el crimen organizado, sólo les hacen trabajitos, porque dentro de ese mercado los maras les sale más barato", destacó.
"La pregunta es ¿quién comete el otro 80%? Claro, pues los militares, los paramilitares contratados por algunos empresarios, los escuadrones de limpieza social, sin hacer apología y sin negar sus crímenes".
Actualmente, hay unos 70 mil maras en El Salvador. Las pandillas surgieron, tras el final de una cruel guerra civil de 12 años (1980-1992) y como resultado de las deportaciones de miembros de bandas criminales de EU. Las dos bandas más conocidas y hostiles son la MS-13 y la Mara Barrio 18.
La crisis se agudizó, en marzo de 2022, ese fin de semana se produjeron 87 homicidios en El Salvador, una ola de asesinatos –la peor del siglo en ese país– que desencadenó la MS-13 a raíz de la ruptura de un supuesto pacto de tregua con el gobierno de Bukele.
Tras la ruptura de dicha tregua, el Presidente echó mano de un estado de excepción (30 días) que suspende la libertad de reunión, el derecho a un defensor público y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Pero la medida se ha prorrogado 10 veces, actualmente se encuentra vigente.
Desde entonces, policías y soldados han detenido a más de 61 mil personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3 mil han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas y 58 mil permanecen encarceladas.
A fines de agosto pasado, mil 82 menores fueron detenidos (918 niños y 164 niñas) fueron enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de 12 o 13 años. La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia.
En este sentido, Nateras dijo que en "el estado de excepción no hay garantía de los DDHH".
Por su parte, la periodista salvadoreña Liliana Flamenco, dijo a este diario que "es confuso esta redada Olimpia, que hace el gobierno, pues están llevando a gente que no tiene nada que ver, no tienen delitos, no han cometido nada y estudian o trabajan".
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