El gobierno socialista de Bolivia arrestó la madrugada de ayer a la expresidenta interina Jeanine Áñez por su participación en un presunto golpe de Estado de 2019, lo que reavivó las tensiones políticas, después de violentas protestas hace menos de dos años.
La medida marca una escalada de hostilidades entre la actual administración de izquierda y opositores pol??ticos más conservadores, a quienes acusan de derrocar a Evo Morales.
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La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración
Desde un cuartel de la Policía en La Paz, Áñez remitió cartas a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que envíen misiones de observadores para seguir este caso en su país.
Ella considera su detención "un acto de abuso y persecución política" del gobierno del presidente Luis Arce, acusándola "de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió" y en el marco de un proceso que "no tiene ni pies ni cabeza", dijo en varias declaraciones en redes y a la prensa.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos subrayó la importancia "de que en todo proceso se observe estrictamente" y recordó que toda persona cuente con "una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial".
Líderes de oposición acusaron al gobierno de Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según declararon el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.
Desde Washington, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo, que se presta a arbitrariedades”.
Reuters, AFP y AP
dza