En la actualidad, el concepto del "derecho a maternar" emerge como un pilar esencial de los derechos de las mujeres, lo que implica el poder llevar a cabo un plan de vida ejerciendo la maternidad, con la garantía de que el Estado brinde la protección necesaria y políticas públicas efectivas para el pleno desarrollo del binomio madre-hijo.
Como sociedad, debemos reconocer que criar y cuidar no son responsabilidades individuales, sino tareas que deben abordarse colectivamente y con el Estado asumiendo un papel protagónico en la protección de las necesidades de madres e hijos. En este
contexto, la garantía de acceso a servicios de salud de alta calidad se erige como la base de este derecho, asegurando que madres e hijos puedan subsistir en esta etapa sin vulnerabilidades derivadas de un sistema de salud deficiente.
Sin embargo, a pesar de la urgencia por garantizar esta maternidad acompañada mediante políticas públicas basadas en un enfoque de niñez, suficiente para asegurar el sano desarrollo en la primera infancia, y que reivindiquen a la maternidad como el núcleo de la sociedad, los datos sobre cómo está abordando el gobierno este tema no reflejan una genuina preocupación por el acceso a la salud maternoinfantil.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (Ensanut 2022), que anualmente concentra información sobre el acceso y la atención a servicios de salud prenatal oportunos y adecuados, así como la atención durante el parto y puerperio, reportó los siguientes datos: el 62.6% de las madres tuvieron un control prenatal oportuno a más tardar en la octava semana de gestación, mientras que el 82.8% reportó un control prenatal adecuado considerando un mínimo de cinco consultas prenatales y atención por personal del área médica. Cabe resaltar que aunque las cifras sobre atención hospitalaria son menos alarmantes, debido a que se reportó un 95.8% de acceso a parto con personal médico, tampoco se alcanzó el 100% de cobertura y esto resulta peligroso, pues se traduce en 80, 312 niños que nacieron sin acceso a los servicios de salud y cuidado al recién nacido.
A pesar de todo lo anterior y aunque el panorama para ejercer la materndad ya era complicado, la pandemia por Covid-19 empeoró la situación, ya que los servicios de salud maternoinfantil se interrumpieron durante el 2020, dejando efectos adversos irreparables en la atención de los niños y niñas que actualmente están en sus primeros años de vida, por ejemplo, hablando de desnutrición: la Secretaría de Salud reportó que durante el 2022, el 12.8% de las niñas y niños de 0 a 4 años en México presentaba baja talla para su edad.
Es por lo anterior, que la política pública nacional debe enfocarse en garantizar que las mujeres embarazadas, especialmente aquellas que cuentan con un índice de bienestar bajo, reciban los servicios básicos de salud maternoinfantil que establece el marco normativo mexicano, esto aseguraría el acceso universal a la atención integral oportuna y de calidad para las madres y sus hijos, representando la responsabilidad del Estado de reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad.
Nos encontramos en un momento crucial pues todo indica que, en unos meses, México será gobernado por la primera mujer presidenta, por lo que esta ventana de oportunidad es ideal para reivindicar la defensa y la garantía del derecho a maternar, como un valor esencial para el fortalecimiento de una sociedad que valora y respeta la vida y los derechos de las mujeres que deciden ser madres. La lucha por el reconocimiento del derecho a maternar no solo es una necesidad, sino una contribución fundamental al avance de la equidad y la justicia en nuestra sociedad.