Héctor Saúl Téllez, diputado federal, informó que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados está muy interesado en que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría del Bienestar, den una explicación a la denuncia interpuesta en el pasado por el exprecandidato Marcelo Ebrard en contra de Claudia Sheinbaum durante el proceso interno de Morena para la selección de su candidato presidencial.
En entrevista para Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en el Heraldo Radio, que se transmite por el 98.5 FM, el también candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la diputación por el distrito 19 federal de la Ciudad de México, Héctor Saúl Téllez Hernández acusó que en este proceso electoral por la Presidencia de la República se están utilizando a los Siervos de la Nación, personas que trabajan para el Estado y pertenecen a la Secretaría del Bienestar, como un ejército electoral que sigue las instrucciones de Claudia Sheinbaum para acarrear gente en sus eventos masivos de campaña.
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Sobre todo en el día a día, de tocar las puertas de las personas para estar coaccionando, para estar amenazando con la entrega de los programas sociales o bien su nulificación”, denunció Saúl Téllez.
Aseguró que de esta manera no se está permitiendo a la población votar de manera libre por el candidato presidencial de su preferencia.
Señaló que este ejército de Siervos de la Nación cuesta alrededor de 3,500 millones de pesos anuales al erario público y está formado por más de 27 mil personas en todo el país, que trabaja a las órdenes de Morena.
Indicó que la acusación hecha por Ebrard fue legítima, pero lastimosamente el día de hoy quedó en silencio.
Hacemos votos para que las instituciones como la Fiscalía de delitos electorales den cumplimiento al mandato del Artículo 19 constitucional que en el año 2018 y 2019 calificó el delito de utilizar los programas sociales y la manipulación de la entrega de apoyos sociales como un delito grave, que puede ser castigado de 4 a 9 años de prisión", comentó Saúl Tellez.