La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) acumula un total de 12 carpetas de investigación por amenazas o agresiones en contra de hombres y mujeres aspirantes a cargos de elección popular.
Víctor Manuel Serrato Lozano, fiscal especializado en delitos electorales de la FGE, expuso que en su mayoría se trata de denuncias presentadas por precandidatas y precandidatos a presidencias municipales.
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"Son amenazas que advierten 'no te metas en estos terrenos'; ¿Cuál es la finalidad de estas amenazas que detectamos en la Fiscalía electoral? pues como intimidar para que renuncien a participar en este proceso electoral", expuso.
Estas ocho denuncias corresponden a casos registrados principalmente en las regiones de Morelia, Zamora, Uruapan.
A este número se suman otras cuatro denuncias por Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género (VPMRG), las cuales también están ligadas a intimidaciones hacia mujeres que buscan un cargo público.
"Están llegando ya denuncias de violencia política contra las mujeres, también para intentar que renuncien o que no participen, que no aspiren a una candidatura o precandidatura. Están relacionadas a violencia, agresiones", precisó.
Serrato Lozano mencionó que de las 12 denuncias por amenazas y VPMRG, en seis de ellas se aplican medidas de protección, es decir, que seis denunciantes cuentan con seguridad personal.
El fiscal especializado en delitos electorales dijo que se ha solicitado a los aspirantes que sean víctimas de presiones de la delincuencia, que presenten denuncias con pruebas para que se inicie las investigación y poder judicializar las carpetas.
Recordó que la denuncia es uno de los requisitos para que aspirantes puedan acceder al Protocolo para Protección a Candidatas y Candidatos, recientemente aprobado por la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral.
Para que los candidatos accedan al mecanismo de protección, deberán solicitarlo a la Secretaría de Gobernación (Segob) con copia de la denuncia; posteriormente Segob solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que brinde resguardo policial o un plan de protección al aspirante en riesgo.