Los recursos que se destinan a un candidato o candidata para una precampaña y campaña debe reportar el origen y destino ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
La omisión en la presentación de los informes ha generado en el presente proceso electoral desde multas a los aspirantes a puestos de elección popular y partidos políticos hasta la cancelación de las candidaturas.
Dicho requisito tiene los siguientes objetivos: monitorear que no se rebasen los topes de campaña en la contienda electoral, que las campañas se desarrollen bajo condiciones de equidad, identificar que las fuentes de financiamiento y evitar actos ilícitos –ya que las fuentes de financiamiento puede ser público y privadas-, asimismo que se realicen a través del sistema bancario.
Cabe señalar que las campañas no pueden recibir financiamiento del gobierno, dependencia pública, organizaciones civiles ni mercantiles, personas físicas con actividades mercantiles, personas morales, extranjeros, colectas públicas o personas no identificadas.
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Una vez que el aspirante a un puesto de elección popular recibe dinero (privado y público) y el cual emplea en actividades de promoción y campaña electoral, lo debe registrar ante el organismo electoral, la cual se encargará de realizar un monitoreo de la propaganda en vía pública, medios impresos e internet.
Y también realizan visitas de verificación que tienen por objetivo identificar gastos vinculados con las casa de campaña y actos públicos de los sujetos obligados.
La autoridad electoral realiza una revisión de gabinete que consiste en validar las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),que es donde se hace el registro de ingresos y egresos.
De acuerdo con información del INE, los contendientes a cargos federales, en este caso son diputaciones federales se han reportado gastos por 546 millones de pesos y para los cargos locales se han destinado recursos por 1,853 millones de pesos -corresponde a 26,949 candidatos y candidatos a puestos locales-.
En tanto, cuentas con más de 300 denuncias contra partidos y candidatos por presuntas irregularidades en materia de fiscalización en campaña.
El siguiente paso consiste en contrastar la información reportada contra los que se obtuvo en monitoreos y visitas, además, se solicita información recibida a terceros.
Posteriormente, se notifica a la persona sobre errores u omisiones que pudieran existir al respecto, con el fin de que estos sean aclarados o se hagan rectificaciones.
Y por último, se elabora un dictamen del caso y se incorporan las conclusiones de la revisión realizada, las irregularidades y sanciones correspondientes.
yc