EL MUNDO DEL DERECHO

No Se Puede Combatir La Corrupción Sin Instituciones Fuertes

La comisión anticorrupción de la cámara de comercio internacional en méxico, declara su vicepresidente, está obligada a vincularse con las empresas, el gobierno y la sociedad civil si quiere ser eficaz

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Diego Sierra-El Mundo del Derecho.Diego Sierra, Vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Internacional de Comercio.Créditos: El Mundo del Derecho

Qué es la Cámara de Comercio

Internacional México, de la International Chamber of Commerce México?

La International Chamber of Commerce (ICC por sus siglas en inglés) es una organización de afiliación voluntaria, fundada en 1919, cuyo propósito es actuar en favor de las empresas.

La red global de la ICC comprende más de 45 millones empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 150 países. ICC actúa de diversas formas, principalmente, promoviendo el comercio y las inversiones, la apertura de mercados para los bienes y servicios y el libre flujo de capital.

El capítulo de la ICC internacional en México tiene como propósito actuar a favor de las empresas mexicanas, o bien, de las empresas internacionales con presencia en México.

¿Qué hace la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México?

Por lo ambicioso que es su propósito, se desenvuelve en múltiples sectores y materias: comercio e inversión extranjera, competencia económica, arbitraje y anticorrupción, por mencionar algunas. Cada una de estas materias tiene un alto grado de complejidad, por lo que International Chamber of Commerce México cuenta con comisiones y grupos de trabajo específicas para atender los asuntos relacionados con las mismas.

Como su nombre lo indica, es el órgano encargado de la materia anticorrupción. Está compuesta por una Mesa Directiva conformada por abogadas y abogados especializados en la materia, y la cual tengo el honor de presidir.

Tiene por objeto promover, difundir y fortalecer, siempre partiendo desde una perspectiva empresarial global, políticas y mejores prácticas para el combate a la corrupción, emanadas de la experiencia internacional de la operación global de ICC.

Contrario al conocimiento generalizado, la corrupción es un fenómeno social sumamente complejo. No sólo acontece en el ámbito público, sino también en el ámbito privado o empresarial. Por consecuencia, las políticas que desarrolla la Comisión Anticorrupción de la ICC están dirigidas a ambos sectores, siempre tomando en cuenta las particularidades de cada uno de ellos.

En términos prácticos, la Comisión Anticorrupción de ICC México cumple con su propósito a través de la elaboración y difusión de reglas, lineamientos y herramientas de combate a la corrupción (por ejemplo, protocolos para implementar líneas de denuncia; modelos de cláusulas anticorrupción; sistemas de protección para denunciantes (whistleblowers) al interior de las empresas, etc.).

La difusión de las herramientas anticorrupción que promueve la ICC México implica una coordinación entre la sociedad civil, el sector empresarial e inclusive el sector público.

Por ejemplo, la ICC México organiza e imparte cursos y diplomados en materia de anticorrupción. A estos cursos y diplomados asisten (como ponentes y alumnos) toda clase de abogados y servidores públicos de diversas latitudes (principalmente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica), y en ellos ponentes y alumnos se informan, discuten y reflexionan sobre las cuestiones de anticorrupción de mayor relevancia en el mundo.

La corrupción es un fenómeno social sumamente complejo. No sólo acontece en el ámbito público, sino también en el privado o empresarial

diego sierra

Vicepresiente de la Comisión Anticorrupción de la ICC

Este año, impartimos nuestro VII Diplomado Anticorrupción en alianza con la Universidad Panamericana y nos llena de orgullo contar con participación de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción como participantes del Diplomado. Esto muestra la fortaleza institucional y de colaboración de la ICC.

De su estancia en Nueva York, ¿Existe alguna práctica que haya implementado en las investigaciones que ha realizado en México? De ser así, ¿por qué?

Desde mi experiencia profesional, la metodología que usamos en Von Wobeser y Sierra para investigaciones por posibles actos de corrupción al interior y exterior de las empresas está influenciada por la cultura anticorrupción estadounidense.

Además de entrevistar a las personas involucradas en una determinada investigación, en Von Wobeser y Sierra utilizamos plataformas de inteligencia artificial y bases de datos con tecnología de punta (Relativity, Brainspace, etc.) que suelen utilizar despachos de abogados y firmas de expertos forenses estadounidenses con los que colaboramos diariamente.

Estas herramientas, las plataformas de IT y las bases de datos, nos permiten revisar, de forma eficiente y organizada, cientos de miles de documentos y fuentes de información digital.

Otra práctica adoptada por los despachos estadounidenses en materia anticorrupción, una vez terminada la investigación correspondiente, es que elaboramos un reporte de hallazgos para el cliente y allí le recomendamos acciones para mitigar riesgos y remediar hechos potencialmente ilícitos.

En los casos de corrupción transfronteriza, ¿cuál ha sido el papel del Estado mexicano?

En el ámbito interno, México combatió el fenómeno de la corrupción transfronteriza ajustando su legislación. El congreso federal mexicano reformó el Código Penal Federal para sancionar como delito el cohecho internacional. Lamentablemente, esa legislación no tiene aplicación práctica. No tenemos casos públicos en donde las fiscalías mexicanas sancionen este delito.

En el ámbito externo, el rol de México en el combate a la corrupción transfronteriza pasa, principalmente, por su cooperación con Estados Unidos. La relación entre nuestros países ha pasado por momentos de tensión en años recientes. Desde la creación del muro por el anterior presidente americano, hasta el caso Cienfuegos en donde el presidente de México reveló pruebas confidenciales que Estados Unidos compartió con México.

Sin embargo, México y EU son dos aliados comerciales destinados a coexistir y colaborar. ¿Eso aplica también para la persecución criminal de corrupción?

Un ejemplo relevante de colaboración internacional reciente es el de Stericycle. En abril de 2022, la compañía que se dedica al tratamiento y administración de residuos accedió a pagar al DOJ y a la SEC 80.7 millones de dólares en multas por delitos relacionados con el FCPA, cometidos en Argentina, Brasil y México.

 Al respecto, el Departamento de Justicia expresamente reconoció en forma pública la colaboración que recibió de la Fiscalía mexicana para conducir su investigación y cerrar su caso en forma exitosa.

 Stericycle ofreció y pagó alrededor de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, México y Argentina entre 2012 y 2016 para obtener y conservar negocios de clientes gubernamentales, según los fiscales del DOJ.

 El personal de la empresa guardaba y enviaba por correo electrónico hojas de cálculo que identificaban a los clientes gubernamentales que recibían sobornos en los tres países. El personal también utilizó palabras clave para los sobornos, incluyendo "CP" o "pago de comisión" en Brasil, "IP" o "pago de incentivo" en México, y "alfajores" (una galleta dulce popular) o "IP" en Argentina, dijo el DOJ.

 En la comunidad anticorrupción mexicana esperaríamos que hubiera decenas de casos como este. Por la cercanía económica de ambos países, pensamos que eso serviría para elevar la importancia que las empresas dan a la integridad y tendría un efecto disuasivo a la corrupción.

¿Considera que el cohecho internacional es sancionado en México?

El delito de cohecho internacional (a servidores públicos extranjeros) está previsto por el artículo 222 bis Código Penal Federal, el cual prevé penas de hasta 14 años de prisión por la comisión de este delito. Entonces, desde un punto de vista estrictamente legislativo, en México está sancionado el cohecho internacional.

Sin embargo, desde un punto de vista práctico podría argumentarse que no lo está, pues (hasta donde es de mi conocimiento) el Poder Judicial del Estado Mexicano no ha condenado a una sola persona física o moral por este delito.

Por último, como lo comenté anteriormente, México podría aprender mucho de países como Estados Unidos y Francia, los cuales han implementado leyes (como la Foreign Corrupt Practices Act y la Sapin II, respectivamente) de aplicación extraterritorial que permiten a las autoridades de dichos Estados combatir la corrupción internacional con altos índices de eficiencia.

¿El litigio internacional en temas de corrupción ha evolucionado los últimos 6 años?

Sí, ha evolucionado. En años recientes, en especial los que somos ciudadanos de países de Latinoamérica, hemos sido testigos de escándalos internacionales de corrupción. Estos escándalos han evidenciado que la corrupción afecta gravemente a múltiples países de forma simultánea. Muy rara vez un asunto por posibles hechos de corrupción actualiza la jurisdicción de un solo país para su investigación y persecución.

Como consecuencia de lo anterior, los abogados que representan a sus clientes en litigios relacionados con temas de corrupción deben ser una especie de ajedrecistas tridimensionales. Deben valorar las consecuencias y repercusiones no sólo en distintas materias (penal, corporativa, administrativa, laboral, fiscal, etc.), sino también en distintas jurisdicciones.

¿Cuáles son los retos de la IP y gobierno en materia anticorrupción?

El mayor reto en México es la voluntad política. Tanto empresarial como estatal. Combatir la corrupción exige un sistema de administración de justicia bien remunerado, con cuadros de carrera, altamente competitivo, donde las fiscalías estén dotadas de herramientas técnicas y jurídicas, así como de potestad, para investigar, perseguir y presentar acusaciones de corrupción con casos bien armados y persuasivos, para lograr criterios de oportunidad, condenas y eventualmente desmantelamientos de los grandes enramados de corrupción que sofocan a la sociedad.

Asimismo, resultan indispensables jueces altamente capacitados, valientes y con sueldos decorosos y competitivos que administren justicia en los casos que les sean sometidos a su consideración. Por encima de todo, los poderes judiciales deben ser independientes, autónomos. Aquí me refiero a los estatales también. No solamente al federal. Los poderes judiciales requieren más presupuesto y verdadera independencia.

Si aterrizamos estos conceptos a la realidad política que hoy enfrentamos, seguimos con grandes áreas de oportunidad.

Como atinadamente sostuvo recientemente la Barra Mexicana de Abogados, requerimos líderes que se conduzcan con respeto hacia el Poder Judicial.

En conclusión, México requiere de instituciones más fuertes, a nivel estatal y federal. Requiere fiscalías, secretarías de estado, poderes judiciales y diversos agentes estatales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción que, en esfuerzos coordinados, logren elevar los estándares de integridad del país y por tanto, combatir la corrupción y la impunidad.