Pese a que la presencia y posicionamiento del crimen organizado es cada vez más evidente en distintos ámbitos de nuestra realidad, lo cierto es que en el terreno de los hechos no se han implementado políticas públicas y emprendido acciones que busquen hacer frente al mismo.
No sólo de manera reactiva sino con una perspectiva integral y multisectorial que atienda desde las causas económicas, sociales y culturales que permiten o propician que este tipo de actividades ilícitas surjan y se desarrollen, hasta la forma como se administran e invierten los recursos que las mismas generan. De hecho, la verdadera magnitud y alcance de las actividades del crimen organizado no es algo que se haya reconocido públicamente y del que la sociedad sea en verdad consciente. Por difícil que parezca, aún existe la percepción en muchas personas de que las actividades del crimen organizado tienen una dimensión básicamente local y se centran fundamentalmente en la producción y tráfico de drogas, aún cuando sus campos de actuación han trascendido por mucho ese ámbito y tienen carácter transnacional.
Además del narcotráfico, el crimen organizado opera otros mercados ilícitos, tales como la trata de personas, el tráfico de personas, la piratería, el robo de hidrocarburos, la extorsión, la tala ilegal, además de que se ha infiltrado en mercados lícitos mediante su participación en empresas o al otorgar financiamiento para su desarrollo. Las organizaciones criminales han asumido una conformación y esquemas operativos más similares a los que tendría un grupo empresarial que aquellos que se podrían suponer propios de un grupo delincuencial. Como lo ha señalado Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista de Italia, el lenguaje de estas organizaciones delincuenciales ya no es sólo el del crimen, sino también el de los mercados, el dinero es, por mucho, la mercancía más valiosa, por lo que no es impreciso señalar que se transforma la violencia en riqueza. En razón de ello, el objetivo primordial es la obtención de ganancias económicas, siendo el control y movimiento de esas ganancias la mayor fortaleza, pero paradójicamente también la mayor debilidad potencial, de estas organizaciones.
El dinero generado por las actividades y mercados ilícitos brinda a las organizaciones criminales una gran capacidad para continuar con sus actividades, expandirlas, aumentar sus capacidades operativas, así como corromper y cooptar autoridades y rivales. Sin embargo, el manejo y administración de esos recursos no puede maximizarse si no se incorporan, en cierto grado, a la economía formal y a los mercados lícitos. Combatir los mercados ilícitos y prevenir las actividades vinculadas a los mismos, actuando sobre los recursos económicos que generan, es una vía que hasta ahora no se ha abordado con la atención e intensidad debidas, pese a ser una opción idónea para que dichos mercados dejen de ser redituables para quien participa en ellos. De igual forma, aunque existen medidas para evitar que el dinero proveniente de los mercados ilícitos se incorpore a las actividades y mercados lícitos, la capacidad de adaptación y flexibilidad operativa que tiene el crimen organizado, hacen que esas medidas se tengan que estar revisando y actualizando constantemente, cosa que tampoco ha sucedido.
La controversia que recientemente generó el contenido del Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto de la situación de los derechos humanos en México durante 2022, volvió a poner en la agenda pública la grave problemática que nuestro país enfrenta, desde hace varios años, en materia de inseguridad, así como la violencia e impunidad vinculadas a la misma. En dicho Informe se señalan, entre otras cosas, que existe un grave problema de impunidad derivado en buena medida de la complicidad existente entre diversas autoridades con el llamado crimen organizado, lo cual propicia que el narcotráfico y otras actividades ilícitas como la extorsión, los secuestros o el tráfico de personas, no se investiguen debidamente ni se juzguen conforme a derecho.
Estos señalamientos no son nuevos. El Índice Global de Crimen Organizado 2021, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, ubicó a nuestro país como el mercado criminal más grande del mundo y la cuarta Nación, dentro de los 193 países que integran las Naciones Unidas, con la mayor criminalidad, sólo por debajo de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar. De manera similar a lo que sostiene el Informe del Departamento de Estado, el índice Global vincula estos resultados a la existencia de organizaciones criminales fuertes, así como a problemas de corrupción, impunidad y debilidad institucional. Si bien el narcotráfico es ubicado como el principal problema, otros mercados criminales como la trata de personas, el tráfico de personas y de armas, son también referidos como actividades ilícitas muy relevantes.
Aún cuando se podría cuestionar la metodología o algún aspecto técnico de estos reportes, lo cierto es que la realidad que de manera cotidiana vivimos las y los mexicanos, difícilmente puede darnos argumentos válidos para desvirtuar sus conclusiones. México enfrenta un entorno muy complejo en materia de inseguridad, violencia, ilegalidad y corrupción, en donde las organizaciones criminales se han vuelto un factor real de poder en varias regiones del país, adquiriendo cada vez mayor relevancia en los ámbitos político, económico, social y cultural. No obstante, todos los recursos que se han destinado en los últimos 20 años a las áreas de seguridad y justicia, así como el cúmulo de programas y acciones que se han emprendido en este ámbito, no se ha logrado enfrentar de manera efectiva y duradera la criminalidad, ni mitigar sus efectos.
El combate a la delincuencia no puede sustentarte solamente en la aplicación y uso de la fuerza. Se requieren herramientas y recursos de muy variada índole para detectar las actividades que se lleva a cabo al margen de la ley, impedir su desarrollo y evitar que produzcan ganancias. En este sentido, la obtención y análisis de información sobre la forma cómo las organizaciones criminales operan, cómo manejan sus recursos, sus vínculos internacionales y las personas, empresas, organizaciones y autoridades que participan o posibilitan sus actividades, resulta de especial relevancia. Si a ello se suma la posibilidad de hacer uso de tecnologías de vanguardia y el que contemos con un marco normativo idóneo, que permita un combate real y efectivo de la criminalidad, sin violar derechos humanos pero haciendo posible que la actuación del Estado llegue a las áreas más sensibles y vulnerables de estas organizaciones, los resultados pueden ser muy positivos. Para ello, nuestro país puede y debe tomar en consideración estrategias, políticas y acciones que se han utilizado y han demostrado ser, en buena medida exitosas, en otros países que han hecho frente a la amenaza del crimen organizado.
Abatir la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad vinculadas a los mercados ilícitos debe ser reconocido como una prioridad estatal, que demanda se destinen y utilicen los recursos y capacidades suficientes, conforme a planes, políticas y estrategias profesionales y pertinentes para ello. Todavía estamos a tiempo de evitar que México sea un Estado totalmente infiltrado y rendido ante el crimen organizado, pero para alcanzar esa meta es preciso que empecemos a trabajar de manera responsable y objetiva, con inteligencia y estrategias adecuadas, asumiendo un compromiso real con la legalidad y la integridad. Nadie puede estar por encima de la ley y no se puede pretender que el incumplimiento de las normas se justifique o excuse por razones de ninguna índole. Negar la realidad o pretender maquillarla, no permitirá que podamos resolver los retos que la misma nos presenta.
ENTRESACADO 1.
Todavía estamos a tiempo de evitar que México sea un Estado totalmente infiltrado y rendido ante el crimen organizado.
ENTRESACADO 2.
El trasfondo el lenguaje de las organiza-ciones delincuenciales ya no es sólo el del crimen, sino también el de los mercados, el dinero...
Giovanni Melillo
Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista de Italia