JOSÉ RAMÓN COSSÍO
No estoy de acuerdo con la elección mediante el voto público de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque éstos deben tener una legitimidad, un origen distinto al del poder político que van a controlar. Si los jueces son electos mediante los mismos procedimientos electorales, los mismos electores que determinan la integración de los órganos representativos, serán quienes determinen la elección de los ministros y no habrá posibilidades de control. No le tengamos miedo al carácter contramayoritario de los jueces, pues ellos precisamente están para ejercer funciones de control sobre el poder político, con fundamento en lo previsto en la Constitución.
LUIS ENRIQUE PEREDA
La votación popular es un gran elemento de las democracias, pero no es de aplicación universal a todo cargo público. Un servidor público electo a través del voto popular tiene el incentivo ineludible de agradar a su elector. Las y los ministros deben estar exentos de dar gusto a los votantes. Su trabajo es impartir justicia, aunque sea impopular. Si los ministros estuvieran centrados en dar gusto a los votantes a través de sentencias “agradables” o “dulces”, entonces algunas sentencias tan importantes como Brown vs. Board of Education jamás hubiesen existido.
BLANCA IVONNE OLVERA
No estoy de acuerdo porque las personas electas por voto popular no requieren contar con conocimientos juridícos para ser elegidos. En consecuencia, no podrían emitir resoluciones jurídicas y justas. Es menester referir que los procedimientos en administración de justicia que rigen en el país fueron establecidos y diseñados para que expertos en Derecho, como los ministros de la Suprema Corte, resuelvan con razonamientos jurídicos controversias.
LIGIA GONZÁLEZ
No es conveniente porque perderían autonomía e independencia.
i) Al estar más preocupados por quedar bien con los electores que por quedar bien con la Constitución; ii) Porque en la campaña podrían comprometer su forma de decidir y, en virtud de que su votación es pública, estarían sujetos a la presión de pagar los favores; iii) ¿Quién dará los recursos para sus campañas? iv) ¿Tienen capacidad los electores para poder calificar capacidad técnica de quienes estén propuestos?; v) Institucionalmente, la ciudadanía ya influyó en su elección al momento de elegir a los senadores. La judicatura sabe que no está para ser populares al decidir, sino para impartir justicia.
JORGE NADER KURI
Me gusta la idea de que el Presidente de la República —quien quiera que sea— deje de nombrar, a través del Senado, a los ministros de la SCJN, de entre personas seleccionadas con enorme discrecionalidad. Cualquier sistema alternativo de designación que permita la participación equitativa de perfiles independientes y comprometidos con una ética pública de promoción y protección de los derechos humanos, me parece bienvenido. Si implica alguna forma de participación ciudadana directa, por ejemplo, elecciones populares, salvados los requerimientos financieros y previa emisión de una legislación secundaria apropiada, ¿por qué no?
CLAUDIA DE BUEN
Esta propuesta de reforma es una medida desesperada del Ejecutivo Federal para tener ministros ad hoc y leales a su proyecto y eliminar el contrapeso que implica la auténtica división de poderes. Como dijo Montesquieu: Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Los ministros y ministras deben de ser juristas, altamente especializados y con absoluta independencia, sobretodo de los partidos políticos. Aceptar que sean objeto de elección popular es permitir que su lealtad se deba al partido que los proponga.
JAVIER MARTÍN REYES
Totalmente en desacuerdo. Quienes integran la Suprema Corte deben ser juristas que se distingan por su competencia técnica y su independencia política. Las elecciones populares tienen muchas virtudes, pero son profundamente inadecuadas para lograr estos objetivos. Necesitamos un mejor proceso de designación,
no ocurrencias.
VÍCTOR OLEA
El sistema de elección popular de los ministros de la SCJN tuvo ya, históricamente en nuestro país, resultados desastrosos. Definitivamente no es deseable, ni probable, ni procedente en nuestra actual estructura
constitucional.
ALBERTO NAVA GARCÉS
Ser ministro de la SCJN en México es una posición de privilegio y alta responsabilidad en el medio jurídico. Para llegar a dicho puesto siempre aparece el debate sobre el hecho de que se trate de un juez de carrera o un abogado externo con probada experiencia y suma capacidad. Paradójicamente, este modelo estructural y de elección, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se logró en 1994 y considero que alcanzó un nivel óptimo en la primera década de este siglo. Anteriormente, se llegó a tener un lugar para rescatar políticos en desgracia o quienes buscaban una protección especial.