Por Antonio Holguin
Rafael Guerra Álvarez, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hace un break en su agenda. Deja por unos minutos de lado su lucha por implementar la oralidad en el sistema penal de la capital, en busca de una mayor transparencia; también pone en pausa su afán por impulsar el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio del Derecho.
Se toma estos minutos para hablar con la revista El Mundo del Derecho sobre los retos del sistema judicial en la capital mexicana y para reflexionar sobre el sistema penal. También analiza en dónde estamos en cuanto a la impartición de justicia y hacia dónde vamos.
Magistrado Presidente, coméntenos acerca de su trayectoria laboral
Soy afortunado por haber nacido en un hogar humilde y haber aprendido de mis padres a superar adversidades y creer en que los propósitos son alcanzables, sobre todo, cuando se hace el bien. Confío en las personas, pero creo en los valores y busco refrendar el sentido del servicio público para dar luz a un nuevo comienzo.
Estoy agradecido por la familia que formé con mi esposa y mis hijos, a quienes amo profundamente; por los profesores que tuve, por la oportunidad de formar parte de instituciones de procuración y, actualmente, de impartición de justicia.
Francamente es un privilegio el servicio público y la docencia. Y –reconociendo los tiempos que corren-, otro privilegio es estar sano y con buen ánimo.
Actualmente, tengo la fortuna de encabezar el Poder Judicial de la Ciudad de México, institución a la que le he entregado parte de mi vida, y a la cual le tengo un gran cariño y, desde ahora, le debo todo.
Ha sido un orgullo y una gran responsabilidad de 37 años, desde que inicié el modesto, pero relevante cargo de conserje B interino en funciones de mecanógrafo y en la que he recorrido el escalafón de la carrera judicial: secretario de acuerdos, juez por ministerio de ley, magistrado por ministerio de ley y magistrado y, desde el 7 de enero de 2019, presidente de uno de los poderes judiciales más grandes de Latinoamérica y del mundo.
Tras más de 30 años de carrera judicial y en la procuración de justicia, ¿cuál es su perspectiva sobre la impartición de justicia en la Ciudad de México?
La impartición de justicia vive un momento coyuntural. Me explico: en el plan de trabajo de nuestra administración, que pusimos en su momento a consideración de las personas magistradas, ya se planteaba un ambicioso programa de impulso a las nuevas tecnologías. La pandemia nos obligó a meter el acelerador a fondo, y ésa es precisamente la coyuntura a la que me refiero; estamos transitando a un nuevo paradigma en el que buscamos la mayor accesibilidad a los servicios de justicia para la población y, sin duda, lo estamos logrando.
Hemos logrado además la consolidación de la oralidad en todas las materias, lo que nos ha permitido contar con un sistema mucho más transparente y abierto. Hoy las decisiones de los jueces se dictan de viva voz, frente a los justiciables y litigantes, lo que da al Poder Judicial de la Ciudad de México una mayor legitimidad. Logramos algo que también es fundamental para nosotros: una confianza sin precedentes de la ciudadanía hacia sus jueces y en el trabajo jurisdiccional.
Es cierto, seguimos contando con un sistema de impartición de justicia escrito, en la materia familiar y en materia civil. Pero seguiremos trabajando porque la oralidad permeé cada vez más. De esta manera alejamos cualquier viso o riesgo de corrupción al interior de nuestra institución.
¿Considera necesario reforzar nuestro sistema de justicia penal o qué acciones se deben seguir?
Debemos reforzar nuestro sistema de justicia penal, pero sin olvidar que son iguales, y en muchos casos mayores, las cargas de trabajo en materia familiar y civil.
Sin embargo, es imprescindible la materia penal, pues en ella se vulneran los bienes jurídicos de mayor importancia para una sociedad: la vida libre de violencia de las mujeres, la vida de las personas, la libertad, la familia, el interés superior de niñas y niños, entre otros.
El sistema penal acusatorio no es una obra culminada. Cada día debemos analizarla y ponderar si requiere cambios para mejorarla; a fin de cuentas, todo es perfectible. Es por eso que, a partir de nuestra experiencia en la materia penal, hemos planteado propuestas para coadyuvar a cumplir con una impartición de justicia que reduzca la brecha entre el derecho y la sociedad.
Se han modernizado y aumentado el número de salas de audiencias; se cuenta con un sistema moderno de video conferencias; la elección de jueces es por concurso, para así garantizar que ejerzan el cargo los mejores; desde el Poder Judicial se han propuesto y aprobado reformas a diversas leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se gestó, promovió y concretizó en el seno de nuestra casa de justicia junto con el resto de los poderes judiciales del país.
Hemos propuesto una reforma legislativa para eliminar el auto de vinculación a proceso del texto constitucional. Sostenemos que no respeta la metodología de un procedimiento penal acusatorio y oral; además de que atenta contra la libertad personal, no garantiza el principio de continuidad y ser inconvencional.
¿Qué deben hacer las autoridades judiciales para lograr que los gobernados puedan tener un mejor acceso a la justicia, en un menor tiempo y sin tantos tecnicismos?
Estamos en una coyuntura en la impartición de justicia que pasa por una mayor aplicación de las tecnologías de la información y que exige naturalmente un vínculo mayor entre la judicatura y la sociedad.
Las autoridades judiciales debemos garantizar el acceso rápido a la justicia y amar el servicio público, y eso incluye ejercerlo con legalidad, eficacia, eficiencia, honradez, profesionalismo, sabiduría, autonomía, imparcialidad, objetividad y, sobre todas las cosas, con total apego a la justicia.
¿Considera que la oralidad en los procesos -que ya se aplica un poco más en materia civil, penal y laboral- es un camino favorable para hacer expedita la justicia?
La forma natural de comunicarnos es a través de la palabra; por ello, cuando en una sala de audiencias todos piden y el juez resuelve de manera oral, además de respetar la inmediación, la contradicción y la publicidad, recurrimos a la forma más frecuente de la comunicación humana, lo que facilita la comprensión y entendimiento de los actos y resoluciones judiciales.
Si por nosotros fuera, transitaríamos mañana mismo hacia una oralidad al cien por ciento en nuestro tribunal, pero primero debemos contar con un presupuesto vasto y suficiente del cual hemos estado carentes históricamente. Se requiere la adecuación de los espacios físicos para construir salas, mayor número de juzgadores (en todas las materias), adquisición y mantenimiento de medios tecnológicos de vanguardia y de un amplio esfuerzo de capacitación para aquellos que operen el sistema, con los recursos financieros correspondientes.
A cuatro años de haber asumido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿cuál es el problema de mayor envergadura que ha encontrado?
Hay dos principales problemas: uno coyuntural y otro histórico. Por coyuntural nos referimos a la pandemia, que, para no extendernos, nadie imaginaba, todos desconocíamos, y, por ello, no había una sola respuesta o solución, únicamente temores, dudas y preguntas. A la distancia, estamos satisfechos porque cumplimos con nuestro momento histórico.
Lo histórico es lo que ya mencionábamos: a nuestro tribunal se le han encomendado nuevas funciones, la más reciente, asumir la impartición de justicia en materia laboral y, también recientemente, se vio en la necesidad de instaurar una Sala Constitucional, así como juzgados de tutela de derechos humanos, pero estas responsabilidades no han sido acompañadas con los recursos presupuestales que son necesarios.
Los poderes judiciales locales, distribuidos en todo el país, integrados en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como la Conatrib, de la cual también soy presidente, no cuentan con una disposición legal expresa, que les garantice un presupuesto anual mínimo. Tampoco disponen de un reconocimiento expreso del principio de progresividad y no disminución en su gasto, que les permita eficientar el presupuesto.
Lamentablemente ni la Constitución federal ni el marco legal de cada estado contienen disposiciones que garanticen la autonomía e independencia de nuestros tribunales, y sin duda ese es un grave problema.
Desde su perspectiva, ¿existe algún tema estratégico para los poderes judiciales en México?
Hay temas coyunturales, estructurales o estratégicos. Resalto uno que abarca esas tres dimensiones, que es el nivel de confianza en las autoridades judiciales por parte de las y los usuarios, así como de la sociedad en general.
La confianza social en las instituciones del Estado es un elemento clave de las democracias desarrolladas y, desde luego, cuando hablamos de instituciones que imparten justicia, la confianza se convierte en un ingrediente fundamental para nuestro quehacer cotidiano.
Por ello, mantener e incrementar la confianza social en nuestra actividad judicial es un gran reto: implica que seamos transparentes y efectivos en nuestro desempeño, que reduzcamos riesgos de corrupción, que logremos una justicia más cercana a las personas usuarias o que podamos atender y resolver los procesos, trámites y casos con mayor celeridad.
¿Cuál ha sido su función y qué experiencia le ha dejado presidir la Conatrib?
Nuestra función se ha centrado en ser un articulador de los esfuerzos de cada uno de los tribunales superiores de justicia locales para ofrecer cada vez más y mejores servicios a los justiciables de todo el país.
Desde desde nuestro encargo como presidente de la comisión he logrado atesorar una radiografía muy completa de la jurisdicción local.
En la Conatrib, somos una hermandad reunida en torno a problemáticas comunes, y una de las grandes lecciones que me ha dejado esta experiencia es la importancia del trabajo en equipo; somos 32 presidentes de tribunales y poderes judiciales locales, pero un solo equipo a la hora de buscar mejoras, compartir experiencias y caminar juntos en esfuerzos como el de la implementación de la justicia laboral, que resultó todo un éxito, y en los plazos establecidos señalados por las disposiciones legales en la materia.
Hemos tratado diversos temas de alta relevancia: mecanismos alternativos de solución de controversias; acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, como mujeres indígenas; atención a delitos de extorsión; capacitación de alta especialidad para nuestro personal y, de manera reciente, la búsqueda de esquemas para mejorar la confianza en las instituciones de impartición de justicia.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que usted ha impulsado, ¿abonará a tener una justicia más eficaz?
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por el Congreso de la Unión, es un claro ejemplo de ese trabajo en equipo al que hacíamos referencia en el seno de la Conatrib; la comisión elaboró un proyecto a partir de la experiencia de sus juzgadores, el cual fue gratamente acogido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y, en su esencia y espíritu, fue aprobado.
Su importancia estriba en que los tribunales no sólo contarán con una herramienta con la que se proteja al indefenso, sino que lo hagan de manera expedita y de fondo, mediante procesos en los que todos tengan certezas de sus derechos. Con esa disposición, que es de avanzada, la sociedad cuenta con un mecanismo legal que respeta derechos humanos y, muy importante, homologa los procesos en ambas materias a nivel nacional.
¿Qué papel juega la capacitación del personal en las instancias de impartición y procuración de justicia?
La capacitación y actualización son cimiento de la calidad en la labor jurisdiccional de magistrados, magistradas, jueces y juezas, pero también del personal de apoyo judicial. Tan importante es este tema para el Poder Judicial de la Ciudad de México que cuenta con el invaluable trabajo de su Instituto de Estudios Judiciales, a través del cual se imparte una sólida oferta académica que este año podría alcanzar 42 programas de capacitación y actualización.
Nuestro Instituto de Estudios Judiciales tiene instalaciones de primer mundo; se ubican en el edificio de Niños Héroes 150. Cuenta con 14 aulas académicas, un salón de usos múltiples, una sala de simulación de audiencias, una biblioteca especializada, así como herramientas tecnológicas de vanguardia para apoyo a la investigación y la docencia, entre éstas, un aula virtual y un banco didáctico.
¿Qué consejo les daría a los estudiantes de derecho; futuros litigantes?
El mismo que me dieron mis padres, y al cual me refería al principio de esta entrevista: siempre debemos dar nuestro mejor esfuerzo; esa es la clave del éxito. Quien se esfuerza poco, recibe poco. Les aconsejo estudio constante, actualización en todo momento, y otra cosa, la impartición de justicia transita hacia modelos en los que la utilización de las nuevas tecnologías ya no parará. Jóvenes estudiantes: el mundo, es cambiante; el mundo del derecho, también.
Deben adaptarse lo más pronto posible a las nuevas tecnologías, el que no lo haga tiene una sentencia por adelantado al fracaso. Dedicar la vida al derecho implica llevar una vida recta, honesta y profesional.
Una pregunta de carácter futurista: ¿Cree usted que el chat GPT y otras innovaciones tecnológicas vayan a acabar desplazando a litigantes y a jueces?
De ninguna manera, porque el derecho es una ciencia que requiere de la sensibilidad de las personas. No debemos de ver a la tecnología como la panacea. Es importante, sí, pero la impartición de justicia necesita entes de carne y hueso, con una consciencia elevada de la justicia que jamás podrá ser sustituida por la tecnología más sorprendente a nuestros sentidos.
ENTRESACADO 1.
La consolidación de la oralidad en todas las materias, lo que nos ha permitido contar con un sistema mucho más transparente y abierto.
ENTRESACADO 2.
Las autoridades judiciales debemos garantizar el acceso rápido a la justicia y amar el servicio público, y eso incluye ejercerlo con total apego.
ENTRESACADO 3.
El sistema penal acusatorio no es una obra culminada. Cada día debemos analizarla y ponderar si requiere cambios para mejorarla.
FRASE
‘Estamos transitando a un nuevo paradigma en el que buscamos la mayor accesibilidad a los servicios de justicia para la población y, sin duda, lo estamos logrando’
ENTRESACADO.
La confianza social en las instituciones del Estado es un elemento clave de las democracias desarrolladas y, desde luego, cuando hablamos de instituciones que imparten justicia, la confianza se convierte en un ingrediente fundamental para nuestro quehacer cotidiano.
FRASE
“La impartición de justicia necesita entes de carne y hueso, con una consciencia elevada de la justicia que jamás podrá ser sustituida por la tecnología más sorprendente a nuestros sentidos."
Rafael Guerra Álvarez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México