La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que la Inteligencia Artificial (IA) ha sido adoptada, o está en fase de implementación, por 82.5 por ciento de los países miembros, incluido México, como una herramienta prioritaria para detectar fraudes en sus sistemas tributarios.
En la primera edición de la Perspectiva de Integridad y Anticorrupción de la OCDE, consta que IA está aumentando la capacidad de las administraciones tributarias para combatir el fraude y la corrupción al mejorar los procesos de gestión de riesgos, apoyar el cumplimiento y reducir las cargas para los contribuyentes.
Explicó que con la IA la autoridad fiscal puede incorporar técnicas de codificación automática de IA para comprimir datos de alta dimensión y una red neuronal de memoria a corto plazo para extraer información de entidades financieras y económicas, que se utilizan para mejorar la predicción del incumplimiento.
Además, reveló el informe, la IA se está utilizando para identificar solicitudes de deducciones fiscales fraudulentas de alto riesgo, como por ejemplo una persona que solicita deducciones por gastos de viaje para ir a trabajar mientras carece de ingresos procedentes del empleo, y rechaza automáticamente la solicitud cuando no puede fundamentarse.
Sin embargo, la OCDE también reconoce que cualquier enfoque basado en inteligencia artificial o análisis para mitigar los riesgos de fraude y corrupción no solo depende de la disponibilidad y calidad de los datos, sino también de las habilidades de quienes son responsables de ellos. “La IA y el análisis avanzado no reemplazan el juicio y la experiencia humanos”.
Y advirtió que si bien la IA puede ser un poderoso aliado para los actores de la integridad, también es una herramienta potencial para que otros perpetúen el fraude y la corrupción con mayor eficiencia y a mayor escala.
Así, mientras ayudan a llevar a cabo revisiones profundas a los contribuyentes y optimizar tiempo y recursos, los países deben comprender las limitaciones y riesgos asociados con el uso de la IA en el sector público.
“Las limitaciones prevalecen especialmente cuando los países tienen dificultades para recopilar los datos necesarios para que la IA funcione. Y los países también deberían considerar qué tan bien preparados están sus marcos jurídicos para gestionar la actividad” expusieron.
Por Yazmín Zaragoza
yazmin.zaragoza@elheraldodemexico.com
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