En América Latina, el modelo carcelario se encuentra en terapia intensiva, se ha convertido en epicentro de una crisis de seguridad pública, porque se volvieron centros de comando de importantes organizaciones criminales, como sucede en Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Honduras, entre otros.
Además, según datos de World Prison Brief, Latinoamérica tiene algunas de las tasas de superpoblación carcelaria más altas del mundo, con la mayoría de países superando 100% de ocupación en sus prisiones.
Los primeros puestos de la lista son ocupados por Haití, Guatemala y Bolivia, donde los centros penitenciarios cuadruplican, triplican y duplican su capacidad, respectivamente.
Hoy muchos grupos criminales nacen tras las rejas, desde ahí operan y se expanden por toda la región.
La crisis quedó expuesta a inicios del presente año, desde Guayaquil, donde la fuga carcelaria de Adolfo Macías, Fito, líder de uno de los grupos criminales más peligrosos de Ecuador, desató una ola de motines en prisiones y ataques fuera de ellas (como a la sede de una televisora) que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno".
El descontrol del sistema carcelario ecuatoriano es un mal enquistado de larga data: ha sido escenario de una serie de masacres con más de 450 muertos desde 2020, la más grave ocurrida en septiembre de 2021 y en la que decenas de presos fueron decapitados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en un informe en 2022, después de visitar Ecuador para analizar el problema carcelario, que en las prisiones del país mandan "grupos de internos que están en una lucha por el control de los centros penitenciarios, así como de los territorios al exterior".
Por lo general, las bandas surgidas y dirigidas desde cárceles tienen al narcotráfico como principal fuente de ingresos. Pero los especialistas creen que algunas han incursionado en otras modalidades de delitos, desde extorsiones, secuestros, hasta minería ilegal, como se ha podido registrar en prisiones de Brasil, Venezuela, Colombia y Honduras.
William Gacharná Castro, exdirector de la Cárcel Modelo de Bogotá compareció recientemente ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, revelando su colaboración con grupos paramilitares durante sus años de funcionario.
En sus declaraciones, mencionó que dentro del centro penitenciario hubo desapariciones y se construyeron fosas comunes para ocultar los cuerpos de las víctimas, entre otros actos de cuestionable moral.
En Centroamérica, los gobiernos han tomado medidas extremas ante el poder ejercido por pandillas desde las cárceles, como es el caso de El Salvador, que ha implementado un política de cero tolerancia, pero que le ha valido a la administración una lluvia de críticas por la violación de sus derechos humanos.
Por Israel López Gutiérrez
EEZ