El Gobierno de México solicitó juicio político en contra del juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez por probables actuaciones ilegales que han favorecido a grupos criminales.
Durante su visita a la Cámara de Diputados para participar en la sexta reunión plenaria de Morena, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, aprovechó para realizar el trámite con el fin de que se investiguen “las cuestionables resoluciones del impartidor de justicia, que fomentan la impunidad y niegan el derecho a la justicia al pueblo de México”.
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En el documento se señala que, en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México.
En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara, confirmó la solicitud, y dijo que debe ser ratificada en los próximos 3 días para iniciar el procedimiento correspondiente.
Hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales
“Lo que procede es que la secretaría general remita a la subcomisión de examen previo y también que informemos a los órganos de gobierno, que ya fue ratificada esta denuncia y ya los diputados procederán conforme lo consideren conveniente”, explicó.
“Lo que estamos esperando es la ratificación por parte de la Secretaría de Gobernación. Éste es un, así es el procedimiento, siempre la parte que hace la denuncia tiene que ratificar, eso es lo que esperamos. Una vez que sea la ratificación lo que procede es que la Secretaría General remita a la Subcomisión de Examen Previo, y también que informemos a los órganos de gobierno que ya fue ratificada esta denuncia y ya los diputados procederán conforme consideren conveniente”, comentó.
Se argumenta, además que, la solicitud de juicio político, es porque existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces. Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución".
srgc