El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, acusó que el Poder Judicial se vale de “pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” al ordenar que ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigan su proceso en libertad, además de que la decisión fue por “por razones estrictamente políticas”.
Señaló que “sin ningún fundamento legal” se ordenó el cambio de medida cautelar para los elementos castrenses “con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército” para seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano.
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Reprochó que también se perjudica el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Gobernación.
Refrendó que el Gobierno Federal mantiene su compromiso con la legalidad, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos, además de que la búsqueda continuará hasta encontrarlos.
Pedirán a la FGR revisar medidas cautelares
Al fijar la postura del Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación informó que solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) que se revise las medidas cautelares impuestas a los ocho militares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a un juzgador a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.
“El Gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad”, señaló.
Dijo que “no nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa porque dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad ya que se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
Fustigó que el Poder Judicial liberó a 62 implicados al argumentar tortura, pero no actuó contra uno de los torturadores, como es Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel e intentó dejar en libertad al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
dhfm