A tres años de la creación del registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 25 estados tienen personas inscritas en este registro.
El Instituto Nacional Electoral ha castigado a 299 personas, principalmente, funcionarios públicos a nivel municipal, aunque no todos han sido hombres.
Si bien la paridad de género es algo que se viene formalizando en las leyes mexicanas desde el 2014, todavía es una lucha que se tiene día a día, indicó Adriana Báez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
“Hay muchos sectores, sobre todo los de alta jerarquía que no están cómodos con compartir el poder con una mujer”, expresó.
La politóloga señaló que principalmente los hombres suelen poner obstáculos que dejan en desventaja a las mujeres a la hora de acceder a un puesto de elección popular.
Oaxaca, Veracruz y Tabasco encabezan la lista de las 25 entidades del país que tienen más infractores en esta materia.
Por ello, la importancia de tener este mecanismo junto con la nueva Ley 3 de 3 contra la violencia, que castiga y a la par visibilizan la violencia que viven muchas mujeres con personas que tienen algún cargo público y se sienten intocables.
“Se ha avanzado lento en cuestión de reconocimiento de derechos de las mujeres, pero estos mecanismos son importantes y novedosos, no sólo en México sino en América Latina, ya que ayudan a que más mujeres manifiesten su intención de participar en los comicios”, indicó.
De acuerdo con la Ley 3 de 3 contra la violencia, que entró en vigor el pasado 29 de mayo, las personas que cuentan con una sentencia por delitos de violencia contra la mujer o deudores de pensión alimenticia no podrán registrarse como candidatos a ningún puesto de elección.
Báez precisó que una persona con un cargo público de elección popular no puede ser un violador de leyes ni derechos, por lo que habrá que estar atentos al cumplimiento de la norma.
PAL