A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la reparación del daño en el caso de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, una estudiante del IPN víctima de feminicidio en 2016.
En entrevista con El Heraldo de México, Víctor Caballero, coordinador del Colectivo Aequus y quien acompaña el caso de la joven, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) emitió un plan de reparación para Yesenia y Honorio, madre y padre de Marichuy, que no cumple con estándares nacionales e internacionales en la materia.
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Yesenia y Honorio presentaron, cada uno, una demanda de amparo y la jueza les otorgó la protección de la justicia federal para que se deje sin efecto ese plan de reparación y se emita otro.
“(Que la Ceavi resuelva considerando) la magnitud y gravedad del daño (ocasionada en la propia víctima directa que derivó en su muerte; y en la víctima indirecta - quejosa- en cuanto a la pérdida de su hija, y su impacto psicoemocional y psicosocial…
“Que el monto indemnizatorio respectivo debe resultar apropiado y proporcional a la gravedad del daño cometido, bajo criterios de razonabilidad (considerando los factores contextuales generales e individuales del caso ya analizados)”, indica la sentencia de amparo.
Caballero destacó que la Ceavi impugnó ambas sentencias y en el caso de Yesenia un tribunal colegiado confirmó la resolución.
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El caso de Honorio llegó al máximo tribunal, por lo que el litigante hizo un llamado a los ministros a que consideren la resolución previa sobre el asunto y pidió que los alcances de la facultad de atracción sean para ampliar las directrices de la reparación del daño para todas las víctimas y no para reducirlas.
“Supongamos que la Corte dijera que las directrices en las que la juez de distrito señala que debe de cumplirse con un plan reparatorio que no son tales, que fueran más reducidas a las que considera la juez de distrito, eso va a servir de pretexto a la Ceavi para que en el caso de Yesenia le reduzcan esas directrices”, dijo Caballero.
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Un ministro debe elaborar el proyecto de sentencia para someterlo a votación de los otros integrantes de la Segunda Sala.
Marichuy tenía 19 años de edad y estudiaba la Licenciatura en Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional.
En enero de 2016 fue a un restaurante con compañeros y un profesor, después acudieron al departamento que rentaba la joven, quien fue arrojada desde el quinto piso.
En un principio su caso no fue investigado como feminicidio.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación en la que documenta varios casos, entre estos el de Marichuy, por irregularidades en la investigación, y ordenó la reparación del daño.
PAL