La Presidencia de la República acusó este viernes a dos jueces federales de conceder de manera “inusual” y en “fast track” suspensiones definitivas para impedir que el gobierno federal disponga de los más de 15 mil millones de pesos de los extintos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que presuntamente destinaría a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero.
A través de un comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), la Presidencia también exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que atraiga los juicios de amparo por integrantes del PJF, pues acusa que los jueces “están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios” porque no pueden ser “juez y parte” en los mismos.
“Jueces y magistrados resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial; pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”, acusó.
Sigue leyendo: Rosa Icela Rodríguez coordina gabinete de seguridad itinerante que acompañará a AMLO en sus giras
AMLO pide a Marcelo Ebrard pensar en la unidad antes de definir su futuro en Morena
Impiden disponer de recurso de los fideicomisos
La Consejería que encabeza María Estela Ríos destacó que “de forma rápida, inusual y sin oír a todas las partes en juicio”, el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del PJF, incluido él.
Con la suspensión se impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación disponer de los recursos de los fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que, destaca, ordenó la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre.
Se refirió a una segunda juzgadora federal. Apuntó que la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo.
"La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio”, señala.
También citó que principio de derecho "nemo iudex in sua" causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal; por ende, el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del Estado de derecho, donde incluso las apariencias tienen una gran importancia, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales en una sociedad democrática deben inspirar al público y, sobre todo, a las partes que intervienen en un determinado juicio.
Jueces se colocan en una situación especial
Según la Consejería, los jueces se están colocando en una “situación especial”, y por eso buscan beneficiarse de los recursos públicos de los fideicomisos sin haber realizado ninguna aportación extraordinaria de su salario para recibir las “pensiones y seguros médicos complementarios”, que finalmente se cubren con las contribuciones de la población.
“Defienden supuestos derechos laborales que no disfrutan los demás trabajadores de empresas ni servidores públicos. ¿Es eso justo? ¿Es equitativo?”, cuestiona.
Por lo anterior, se informó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF.
"Éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo.
“Se tiene confianza en que algunos ministros harán honor a su cargo y actuarán con imparcialidad”, concluye.
Con información de Noemí Gutiérrez
DRV