La Fiscalía General del Estado de Campeche emprende una investigación en torno a la desaparición ilegal del navío petrolero "Caballo Azteca", el cual se convierte en el epicentro de un agudo conflicto laboral entre la empresa Oceanografía y un grupo de ex trabajadores.
La investigación se inició tras la presentación de una denuncia el pasado 17 de agosto por parte de Doryan Francisco Rodríguez García, abogado en representación de Oceanografía, en dicha denuncia, se exponen serias acusaciones de operaciones fraudulentas y se plantea la posible implicación de funcionarios en la venta del navío por parte de ex empleados de la naviera.
Estos hechos contradicen el estatus de concurso mercantil en el que se encuentra actualmente la empresa, situación que debería conllevar la paralización de cualquier proceso relacionado con el embargo de sus activos.
El documento de denuncia también señala al empresario Ramón Vadillo Razu como presunto responsable de la apropiación ilegal del navío y de haberlo vendido en dos ocasiones, una de las cuales habría involucrado una transacción por un monto de 14 millones de pesos. Según las alegaciones, estas operaciones fueron realizadas con la complicidad de autoridades locales y otros individuos, incluyendo a Antonio Rueda Medina, Luis Daniel Yañez Sánchez y José Ángel Glez.
¿Qué argumenta la denuncia?
En el texto de la denuncia, se argumenta: "Los trabajadores que se encuentran demandando por la vía laboral se asociaron bajo el pretexto de combatir 'injusticias', con la finalidad de despojar de los bienes a mi representada, a pesar de saber que no tienen derecho a realizar procedimientos en su contra, dado que se encuentra en concurso mercantil".
El abogado de Oceanografía también acusa que la junta local de conciliación y arbitraje de Ciudad del Carmen, Campeche, cedió a la presión ejercida por los trabajadores, desatendiendo la legalidad de sus acciones.
Es importante destacar que Oceanografía, la empresa a la que pertenecía el navío "Caballo Azteca", fue declarada en concurso mercantil el 8 de julio de 2014, lo que, en teoría, debería haber suspendido cualquier proceso relacionado con sus activos. Sin embargo, las acusaciones apuntan a que Ramón Vadillo Razu habría orquestado un plan junto con un grupo de trabajadores para despojar ilegalmente a la empresa de la mencionada embarcación.
La Fiscalía tiene como objetivo ejercer acciones legales por los delitos de fraude y asociación delictuosa en contra de los involucrados en este caso. Rodríguez García enfatiza que se espera que la investigación se realice de manera íntegra y que los responsables sean llevados ante la justicia para esclarecer los hechos.
DRV