En México, el ámbito laboral es en el que suceden mayores actos de discriminación. De acuerdo con el registro de quejas dado a conocer por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los centros de trabajo representan cerca del 50% de las denuncias por prácticas discriminatorias. Sin embargo, esta situación podría ir cambiando gracias a una iniciativa de reforma a las leyes laborales que acaba de aprobar la Cámara de Senadores a fin de eliminar uno de los requisitos que suelen pedir los empleadores al momento de contratar a su personal. Te contamos de cuál se trata.
Y es que si bien en el Congreso de la Unión están estancadas iniciativas importantes como la reducción de horas en las jornadas laborales al pasar de 48 a 40 a la semana, no hay que perder de vista que a la par se podrían estar preparando otros cambios a favor de los derechos de las y los trabajadores del país.
Pero ahora así, ¿cuál es el requisito que se podría eliminar?
Resulta que el pasado martes 10 de octubre, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con la que se establece la prohibición de solicitar la carta de antecedentes penales ya sea para ingresar, permanecer o subir de puesto en un empleo.
"Para establecer la no discriminación de personas con antecedentes penales para ingresar, permanecer o ascender en un trabajo, se aprueba por unanimidad, con 69 votos a favor, reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado", escribió el Senado en X.
Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la no discriminación hacia las personas con antecedentes penales a la hora de buscar un trabajo. Y es que de acuerdo con el Senado, este requisito puede ser un obstáculo para todas aquellas personas que ya han cumplido con sus sanciones y ahora busquen su reinserción ante la sociedad por medio de una actividad productiva.
¿Qué se necesita para que se apruebe?
Luego de que la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa que prohíbe a los patrones o empleadores el negarse a aceptar a trabajadores por tener antecedentes penales, el siguiente paso es que haya sido turnada a la Cámara de Diputados a fin de que los legisladores la discutan y eventualmente la aprueben.
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