El gobierno federal extendió el tope de precios al gas licuado de petróleo (LP), a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“Fijar precios máximos al gas LP, equivale a otorgar un beneficio a la comunidad, que se mantendrá fijo y permanente con la presente regulación a efecto de impedir que el alza en los precios de los combustibles sea pagada a costa de los ciudadanos”, destacó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El organismo estimó que, sin una regulación de precios máximos, el precio promedio al usuario final de gas LP podría haber llegado hasta los 35.36 pesos por kilo, con una diferencia aproximada de 11.00 pesos respecto al precio regulado actualmente.
Aproximadamente 79 por ciento de la población mexicana utiliza este energético como el principal combustible en sus actividades cotidianas, por lo tanto, es perceptible el interés social que conlleva regular los precios excesivos del gas LP, consideró el documento de la CRE.
“El problema de este sector estaba en la logística, por cómo llegaba el energético a la población. Es una buena medida porque además Gas Bienestar no tiene peso en el mercado”, dijo Ramsés Pech, analista de la firma Caraiva y Asociados.
Abril Moreno, experta de la consultoría Perceptia21, dijo que si no fuera por el control de precios que comenzó justo el año pasado, los precios del gas hubieran ascendido entre 16 y 17 por ciento conforme a los precios internacionales, lo que implicaría una mayor inflación.
Susana Cazorla, experta de la firma Sicenergy, dijo que el control de precios va a generar que las empresas vayan reduciendo sus márgenes de ganancia y que las firmas más pequeñas vean peores condiciones en el negocio.
“Esto puede resultar contradictorio para el espíritu de lo que se busca que es beneficiar a la población, pues algunas empresas pueden quebrar o reducir su operación y no serán las más grandes porque tiene mayor margen. Es preferible que el apoyo se focalice a los que menos tienen”, acotó.
ARTE: NICOLE FLORES
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