La erosión de las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) y cambios en las reglas del sector eléctrico podrían influir hacia adelante en las decisiones de calificación de grado de inversión de México, consideró UBS
El banco suizo refirió que en el corto plazo probablemente no están en riesgo las calificaciones, debido a la estabilidad fiscal de México y el ligero aumento de la relación deuda/Producto Interno Bruto en comparación con otros países que expandieron el gasto fiscal de manera más agresiva durante el Covid-19.
Recordó que la calificación de México estaba sujeta a vulnerabilidades clave: una, la caída en su crecimiento potencial debido a la escasez de inversión, lo que dificulta el servicio de la deuda, y dos, la perspectiva de erosión institucional.
Sin embargo, los cambios especialmente en el sector eléctrico que modifican el campo de juego para los inversionistas privados podrían influir en futuras decisiones de calificación, comentó en su estudió México: Decisiones Políticas y Jurídicas Importantes.
Si bien, refirió que es posible que no se logre la aprobación de sus reformas eléctrica y política en línea con lo trazado por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ya que el partido político oficial Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría de dos terceras partes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado necesarias para aprobar las reformas constitucionales.
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Explicó que la ley energética aprobada el año pasado, que incluye algunos de los elementos centrales de la reforma eléctrica constitucional propuesta, incluyendo poner a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro del mercado eléctrico y eliminar el precio como la consideración clave para establecer el orden de vinculación por el cual la electricidad debe enviarse a la red, vuelve repentinamente a la pantalla del radar.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría pronunciarse sobre una serie de medidas cautelares que han congelado la ley desde el año pasado, por lo que si cuatro de los 11 jueces de la Corte consideran que la ley no viola la constitución, entonces será aceptado, un resultado que podría tener importantes implicaciones negativas para el mercado, advirtió.
A decir del banco suizo UBS, abril marca el comienzo de un período político que podría resultar fundamental para las aspiraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y para el sentimiento del mercado.
Subrayó que en los próximos días hay cuatro acontecimientos clave en los que centrarse: uno, el referéndum revocatorio del 10 de abril; dos, la discusión y eventual votación de la reforma constitucional en materia eléctrica en el Congreso.
Tres, una probable decisión de la SCJN sobre la constitucionalidad de la ley energética del año pasado; y cuatro, la presentación del Jefe del Ejecutivo de su propuesta de reforma política, otra iniciativa constitucional.
De ahí que, apuntó, la legislación que podría debilitar la independencia y autonomía de las autoridades electorales o que cambien el campo de juego para los inversionistas en el sector energético, reduciendo aún más las perspectivas para la inversión privada, podrían influir en las decisiones futuras de las agencias calificadoras.
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