Gracias a datos revelados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se dio a conocer recientemente una serie de irregularidades en el manejo del gasto público correspondiente al año 2020, lo que representaría un posible daño al erario por un total de más de 63 mil millones de pesos.
En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Media Group, la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías, habló sobre todas las irregularidades que se encontraron en la cuenta pública 2020, misma que el gobierno federal ha señalado serán aclaradas en su totalidad.
Al respecto la experta comentó que estos datos no sorprenden demasiado debido al manejo “opaco” y sin transparencia que se ha hecho de los recursos durante esta administración.
“No sorprende demasiado, pero sí es lamentable que exista esta cantidad de recursos de los que no se sabe a dónde se fueron o en qué se usaron”, señaló la especialista.
Programas sociales sin reglas generaron irregularidades
Desde el punto de vista de Alejandra Macías, estas diversas irregularidades surgen en gran medida por la creación o modificación de programas, mismos que se han generado sin reglas de operación y sin lineamientos de transparencia o rendición de cuentas.
La directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, argumentó este señalamiento destacando las recomendaciones que ante estas irregularidades ha hecho la ASF.
En este sentido indicó que todas estas recomendaciones giran en torno a la necesidad de rediseñar los programas, dar seguimiento a estos, transparentar su operación y modernizar temas tecnológicos para garantizar estos puntos.
Para la experta todo lo anterior es resultado de cambiar completamente la política social, pues indicó que si se tuviera mejores mecanismos, como un sistema único de identificación diferente al CURP.
Como ejemplo de estas irregularidades en el gasto público, la experta expuso que tan solo en la entrega de los apoyos para adultos mayores se han detectado 17 mil beneficiarios no han podido ser identificados o no se sabe si aún viven.
Alejandra Macías, concluyó que debería existir mecanismo ágiles y transparentes para saber qué presupuestos aprueba la Cámara de diputados, así como en qué se destinan estos recursos.
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