El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió por unanimidad de votos que la empresa Oceanografía deberá pagar mil 281 millones de pesos, por adeudos desde 2009, de Impuesto Sobre la Renta y otros conceptos. La sala superior del TFJA, explicó que el juicio contencioso administrativo 23199/21-17019/233/22-PL0504, la demanda de la empresa Oceanografía en contra del Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no era procedente la petición de nulidad por lo que “lo resolvió infundado”.
Al respecto la magistrada Luz María Anaya Domínguez, explicó que la empresa Oceanografía había promovido un juicio de nulidad contra un crédito fiscal que le había impuesto el SAT por un monto de mil 281 millones 215 mil 493 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 por ISR.
Dijo que la extinta empresa conocida por diversos fraudes, argumentó que la autoridad fiscal estaba violando los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación en virtud de que, ya había caducado las facultades de comprobación de autoridad para la comprobación del crédito fiscal y por ello consideraba que debía aplicarse la “prescripción” del adeudo.
Sin embargo, la ponente magistrada Anaya Domínguez, consideró que esta petición era infundada, pues habían transcurrido 5 años ocho meses y 14 días desde la primera notificación y posterior investigación, por lo que determinó que la autoridad fiscalizadora de Grandes Contribuyentes del SAT, cumplió con el plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Incluso la magistrada reveló que a la empresa Oceanografía tampoco le asistía la razón sobre la supuesta prescripción pues el mismo “aun no se encuentra firme”. Así se consideraron infundadas las consideraciones de la parte actora conocida como Oceanografía.
La magistrada también rechazó, como había argumentado al empresa, que se estuviera violando el artículo 31 fracciones I, III, VIII y XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente en 2009 en virtud de que la autoridad le exigió mayores requisitos de los previstos por dicha normativa para acreditar las deducciones por diversos conceptos. Por ello, decidió por unanimidad rechazar la petición de la empresa Oceanografía, quien deberá pagar el crédito fiscal.
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