Regulación de autos chocolate tendría un impacto de cerca de 40% en mercado automotriz, señala la AMDA

A raíz de la publicación del decreto para regularizar autos importados usados se va a generar un impacto en el mercado automotriz menor al 40 por ciento, dijo Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“Lo que es un dato histórico, entre 2006 y 2009 hubo una caída cercana al 40 por ciento del mercado automotor. Esto no creo que llegue a suceder en tal magnitud, en virtud de esto está acotado a seis meses, tiempo excesivo, pero lo más importante es que se tomen las medidas para evitar que se sigan importando autos de contrabando”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, el presidente del gremio, explicó que cuando sucedió esta regularización en esa administración de Vicente Fox, los autos que se importaron en condiciones de usados se duplicaron, ante el incentivo que representa la regularización de estas unidades para las personas.

Esto a su vez impacta la venta de unidades nuevas.

Además, señaló que pese a que son 10 las entidades en las que se está abriendo a su regularización, se observará un efecto expansivo que va a afectar a los otros estados.

Explicó que el decreto no limita que una vez que se regularicen esas unidades en las entidades Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, no hay como se evite que se comercialicen a otras.

José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), agregó que esperan participar en las reglas secundarias de este decreto que definirán los requisitos de regularización y que desarrollará el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Consideran que el decreto deja muy flexibles los requisitos de regularización, pues se limita solamente a que bajo protesta de decir verdad, las personas pueden negar que las unidades no participaron en delitos.

Piden más bien que haya una verificación para descartar que alguno de estos hechos haya ocurrido en su país de origen.

Además, agregaron que no descartan imponer recursos legales ante el decreto, tanto por el daño a la economía y el sector, como por el impacto al medio ambiente y ls seguridad vial.

“Ayer mismo, una vez que se publicó, el decreto fue turnado a nuestros asesores legales, para que hagan una revisión puntual. Adicionalmente, estarán dándonos un dictamen respecto de la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal. No descartamos ninguna de las acciones que nuestro marco constitucional nos brinda en el legítimo derecho de defender nuestros intereses”, añadió Rosales.