Iván Sánchez estaba revisando los mensajes de su celular mientras esperaba el autobús en una avenida de la alcaldía Iztapalapa, cuando dos tipos pasaron frente a él en una moto, y sin detenerse, le arrebataron el teléfono.
En los primeros dos años de la actual administración se registró el robo de un millón 615 mil celulares en el país, lo que implicó un incremento de 106 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del sexenio pasado, detallan las cifras más recientes de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
Entre 2019 y 2020 se robaron dos mil 213 teléfonos cada día, mientras que en el mismo periodo del sexenio pasado la cifra era de tan sólo mil 74 equipos.
El gasto promedio para la compra de un teléfono móvil en el país asciende a cuatro mil 480 pesos, según datos de la empresa de consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU), por lo que el valor estimado del mercado negro de celulares asciende a por lo menos siete mil 237 millones de pesos, una cifra que equivale a la vacunación de por lo menos 25 millones de personas contra el COVID-19.
El alza en los reportes de robos se debe a la falta de mecanismos o regulaciones más severas para desalentar este delito, y también a la proliferación de servicios clandestinos para desbloquear los equipos cuyo IMEI había sido cancelado, opinó Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy And Law.
La falta de efectividad en la estrategia para combatir el robo del celular desincentiva a la población.
“Ya no voy a perder tiempo en reportar el IMEI, hace un año también me robaron el celular. Lo reporté, pero al buscarlo en con la aplicación de rastreo seguía apareciendo activo en un tianguis”, dijo Iván Sánchez.
REGULACIÓN
En México, el combate al robo de celulares se centra en un acuerdo entre los operadores telefónicos para bloquear el IMEI, que es un código que se obtiene al pulsar las teclas *#06# y que se tiene que reportar a la empresa que brinda el servicio de telefonía para bloquear el dispositivo.
Sin embargo, otros países de la región han elevado esta medida al nivel de leyes federales.
En Paraguay, por ejemplo, desde 2017 está reglamentado el bloqueo del IMEI y cada empresa debe avisar a las autoridades del Ministerio Público si hay intentos de activación de los equipos bloqueados.
Desde 2004, Argentina tiene una política pública para el bloqueo de equipos y la creación de una lista negra de los números de IMEI bloqueados para evitar su reúso. Según los datos disponibles, el robo de estos aparatos en ese país pasó de seis mil 500 por día, en 2013, a cinco mil en 2016.
En México, existen servicios clandestinos de personas que a través de software desbloquean los equipos por precios que van desde los 400 pesos y se anuncian en internet.
Uno de ellos lo ofrece “Juan”, quien pidió el anonimato, un técnico en electrónica que se dedica a esto desde hace cuatro años, y afirmó que el software asigna otro IMEI al equipo a desbloquear; para un móvil de alta gama cobra mil 300 pesos.
“El mercado clandestino de desbloqueo es difícil eliminarlo, pero el seguimiento a los equipos desbloqueados se puede hacer”, dijo Negrete.
Datos del Inegi detallan que en 2020 se cometieron 6.2 millones de asaltos en la calle y en el transporte público, en donde en 58.5 por ciento de los casos el principal motivo del crimen fue el teléfono celular.
Desde 2016, el atraco de este tipo de aparatos representa 51.5 por ciento de los robos en la vía pública o el transporte.
CAR