El Paquete Económico 2022 propone que los acuerdos conclusivos tengan un plazo máximo de 12 meses para resolverse, lo cual, va aumentar la demanda de este proceso y la recaudación a través de éstos, dijo Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
“Esto va a generar certeza, lo que siempre hemos buscado es que los acuerdos conclusivos se logren en el menor plazo posible, lo que nos va a dar la posibilidad de agilizar el proceso, evitar las prórrogas por parte de las autoridades fiscales y que el contribuyente tenga pleno conocimiento de que el procedimiento no va a durar más de 12 meses”, comentó Balderas Espinosa en entrevista con El Heraldo de México.
Los acuerdos conclusivos son una herramienta mediante la cual Prodecon interviene y ayuda al contribuyente para que éste llegue a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pague los impuestos correspondientes; actualmente no existe un plazo definido para la conclusión de éstos Balderas Espinosa, quien es responsable de los Acuerdos Conclusivos y gestión institucional de la Prodecon, detalló que en lo que va del año las solicitudes de estos procesos de mediación han aumentado 18 por ciento, con respecto a todo 2020.
De acuerdo con Prodecon, entre 2014 y agosto de 2021, la recaudación por esta figura de mediación asciende a 90 mil 851 millones de pesos; tan sólo en los primeros ocho meses de este año, se registra una tributación de 16 mil 84 millones de pesos, a las arcas públicas.
“Ha traído muchos beneficios, tan sólo en lo que va de este año se ha posicionado una recaudación mayor a lo que logramos en todo 2020, (…) con el cambio hay más certeza y es posible que se incremente la demanda de estos acuerdos y la recaudación”, destacó el subprocurador de la Prodecon.
El funcionario comentó que todas las modificaciones que plantea el Paquete Económico en términos de la recaudación son positivas, ya que simplifica los trámites y a su vez da certeza y confianza a los contribuyentes.
Según el ombudsman fiscal, 80 por ciento corresponde a empresas, y 20 por ciento restante a personas físicas.
MAAZ