La Secretaría de Economía informó ayer sobre la solicitud de una consulta con las autoridades comerciales de Estados Unidos debido a las discrepancias que se tienen en la interpretación del apartado de reglas de origen para el sector automotriz en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Estas consultas buscan solucionar un problema sin tener que recurrir a otros mecanismos, como lo sería un panel de resolución de controversias. De esta manera, ambos países tendrán 75 días para solucionar la controversia en la etapa de consulta. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo que las satisfaga, México podría solicitar la creación de un panel que resuelva el asunto.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Kennet Smith, ex jefe para la negociación técnica para el T-MEC, explicó que el valor del contenido regional del vehículo tiene que ser de 75 por ciento para tener la preferencia arancelaria y por separado se establece que las partes esenciales que son motores, suspensiones, entre otras, deben cumplir con este 75 por ciento en lo individual.
"Es una diferencia importante porque si añadimos los descuentos que le hace Estados Unidos a todas las partes esenciales por toda esta interpretación que está dando y está equivocada, hace mucho más difícil que las empresas puedan cumplir".
Agregó que México estaría en condiciones de exigir que Estados Unidos tome una interpretación correcta y deje de hacerlo como hasta ahora, y si no lo hace podría tomar medidas comerciales en contra de productos estadounidenses.
Destacó que si Estados Unidos continúa con esta interpretación, cuando se empiecen a verificar los productos que México exporta en materia de cumplimiento de reglas de origen, se podría estar hablando de un pago de cientos de millones de dólares para las empresas armadoras en México que exportan al país vecino, lo que puede ser negativo para el sector automotriz de América del norte, ya que las armadoras podrían decidir no cumplir con el T-MEC, y en el caso de las que se encuentra en Estados Unidos, importar todos sus productos y pagar un arancel de 2.5 por ciento, lo que también afectaría el empleo.