Hidalgo, Michoacán y Baja California apuestan por la asignación de contratos a la Iniciativa Privada a través de la Ley de Asociaciones Pública Privadas (APP), según registros en el sistema CompraNet, de la Secretaría de Hacienda.
“Es muy probable que ante la reducción de recursos desde la federación algunos estados estén buscando este mecanismo de asignación para impulsar obra pública”, señaló Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura.
Son los primeros contratos emanados de la Ley de APP con gobiernos locales, los cuales fueron consultados para conocer las razones de este método de contrataciones, pero no dieron respuesta.
La inversión que los estados detonan es importante para mejorar servicios viales, de manejo del agua y residuos, pues los recursos tanto federales como estatales se han visto mermados por la pandemia, destacó Christopher Cernichiaro, coordinador de Finanzas Públicas del CIEP.
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El gobierno de Hidalgo asignó a Pinfra la carretera de Real del Monte, mediante un concurso público local, en la que la empresa va a invertir dos mil 217 millones de pesos para la construcción y se encargará por 30 años de la operación y el mantenimiento de la vialidad.
El gobierno municipal de Los Cabos asignó al consorcio integrado por La Peninsular y Acciona una desaladora con un valor estimado en mil 200 millones de pesos.
En Michoacán, se planea una obra de 214 millones de pesos, para el manejo de residuos urbanos en la región de la Ciénega.
Por Everardo Martínez
PAL