Fue el pasado 30 de abril que elementos de la Policía Federal Ministerial arrestaron al empresario Teófilo Zaga Tawil por haber participado presuntamente en un saqueo de cinco mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que pertenece a la Fiscalía, lo acusa de formar parte de una red de empresarios que presuntamente saquearon los fondos del Infonavit por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares).
Al respecto, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (pff) aseguró que al haber desvíos y delitos de defraudación fiscal, la procuraduría fiscal es la única que puede actuar ante estos fraudes, por lo que ahora trabajan en recabar toda la información necesaria para enriquecer la carpeta del ahora detenido.
Fue durante una entrevista para el programa matutino de finanzas, "Bitácora de Negocios" con Mario Maldonado a través de El Heraldo Radio, que el procurador recordó que Teófilo Zaga podría ser procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que su hermano, Rafael Zaga Tawil, también es buscado por la FGR.
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Lo que buscamos es que los defraudadores paguen; el dinero legal o ilegal debe pagar impuestos", aseveró
El procurador dijo que presentaron las quejas y evidencias respectivas a la Fiscalía, misma que esta atendiendo las órdenes, por lo que ahora esperan tener penas privativas de la libertad y que haya reparación de daños.
En suma, durante su conversación con El Heraldo Media Group, se recordó que Teófilo Zaga era secretario del Consejo de Administración de la empresa Telra Realty, que terminó de forma anticipada un contrato con el programa movilidad hipotecaria del Infonavit, el cual incluía proyectos de mejora de vivienda, a través de fideicomisos.
En 2017, la compañía recibió una indemnización de cinco mil 88 millones de pesos por la rescisión del contrato con la institución.
Cabe recordar que a principios de 2020, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se habían recuperado dos mil millones de pesos relacionados con esa investigación y que el dinero se utilizaría para pagar premios de la rifa del avión presidencial.
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