Las empresas que participaban en esquemas de outsourcing ilegal tienen que regularizar su situación fiscal, porque de no hacerlo, entran en los supuestos de defraudación fiscal y delincuencia organizada, aseguró Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación.
El funcionario enfatizó, en el programa de Adriana Delgado, El dedo en la llaga en El Heraldo Radio que “hay un pacto criminal” entre el facturero y los contribuyentes omisos.
Puntualizó que ya hay casos denunciados ante el Ministerio Público de contribuyentes que contrataron el esquema de outsourcing ilegal en 2020, en donde ya aplica la nueva Reforma Penal Fiscal.
“Aquí ya se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada y permite prisión preventiva oficiosa”, aseveró.
Añadió que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ataca frontalmente la defraudación fiscal y a todos los grupos delincuenciales que llevaban a cabo prácticas de factureras con el esquema de outsourcing.
Este periódico informó que la PFF va a presentar 100 denuncias penales por defraudación fiscal, antes de que finalice marzo, contra personas físicas que se encuentran en el régimen de esquemas asimilables a salarios.
Romero Aranda dijo que las empresas que hacen uso del esquema ilegal de subcontratación accionan la pistola que les proporciona el defraudador.
“Lo que queremos es desactivar estos grupos”, puntualizó.
maaz