La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar la Ley de Amparo y evitar que las empresas obtengan suspensiones contra la política energética del gobierno federal.
La iniciativa la encabeza la diputada Reyna Celeste Ascencio y plantea reformar el artículo 129 de esa ley para establecer que no proceden las suspensiones cuando se promuevan amparos contra “leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y el funcionamiento de las Empresas Productivas del Estado”.
Detalla que el objeto de esta iniciativa es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar las decisiones del gobierno federal encaminadas a mejorar la operación de Pemex y CFE.
Indicó inmediatamente después de publicada la reforma eléctrica del presidente López Obrador, esta fue impugnada a través de un juicio de amparo donde los jueces han otorgado hasta 27 suspensiones que evitan la aplicación de la reforma.
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“Ni siquiera se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma, y como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”, detalla la exposición de motivos.
Con esta iniciativa no se está reduciendo de modo alguno el legítimo derecho de defensa judicial, los que son beneficiarios de la corrupción del pasado y que aún permanecen en la burocracia dorada podrán seguir impugnando judicialmente pero en consideración de esta esta proponente, ya no deben seguir gozando de la suspensión del acto reclamado, aclaró.
Añadió que tampoco se aplicarían suspensiones cuando se tramiten amparos contra las políticas de austeridad del gobierno federal, a fin de evitar que los funcionarios públicos usen las suspensiones para mantener sus sueldos por encima de lo que gana el presidente.
La eliminación de la suspensión no es una estrategia nueva, pues desde 2013 se incluyó esta medida para las empresas de telecomunicaciones, porque abusaban del amparo y de la suspensión para frenar las regulaciones.
Esa medida se aprobó dentro de la reforma de telecomunicaciones y actualmente las empresas de ese sector pueden ampararse pero no se les concede la suspensión, por lo que las regulaciones continúan aplicándose.
Si ganan el litigio pueden reclamarle al Estado los daños provocados por las regulaciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Por: Adrián Arias
dhfm