El rubro de pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, será del 22.3% del gasto. Es decir, de cada 5 pesos del presupuesto, 1 peso será usado exclusivamente para el pago de las pensiones. Se espera, además, que esta cifra aumente en los próximos años. Esto se debe a que hay más gente en edad de jubilarse y menos jóvenes que puedan aportar al sistema de pensiones.
En un primer momento, el Estado creyó que sería capaz de afrontar dichos gastos, no obstante, el aumento en la esperanza de vida y la disminución en la tasa de natalidad provocaron que el primero de julio de 1997 cambiará la ley de pensiones. El cambio fundamental en esa ley es que el Gobierno Federal dejará de otorgar pensiones para que sea uno mismo el que ahorre para la vejez. De esta manera se aligeran las finanzas públicas, no obstante, el ciudadano es el único responsable de su vejez.
Ahora bien, a pesar de la ley anterior, mucha gente obtendrá una pensión en los siguientes años, pues parte de la ciudadanía está inscrita en el régimen anterior en el cual el gobierno otorga las pensiones. A mayor número de pensionados será necesario una mayor parte del presupuesto.
Esto lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo se afrontará ese aumento en los gastos? Se piensa que es posible aumentar el PIB del país, de tal manera que el aumento en el PIB sea suficiente para que a partir de una misma cantidad de impuestos el ingreso a las arcas presupuestarias sea mayor; también se menciona reasignar presupuesto de otros rubros como salud o educación para pagarle a los pensionados. Asimismo, el Gobierno puede optar por un aumento en impuestos que cubra el aumento en gasto y finalmente, el Gobierno puede reducir el monto de las pensiones.
La medida que perjudicaría menos a la población es el aumento del PIB, no obstante, el país históricamente ha tenido un crecimiento del PIB bajo en la última década que parece no revertirse. Todas las demás medidas estarían en contra de la ciudadanía de una u otra manera, por lo que ningún político quiere proponerlas. En nuestro país, la percepción de corrupción es palpable, por lo que los ciudadanos no se sienten seguros de que un aumento de impuestos se traduzca en un aumento de bienestar para la población.
Ahora bien, reducir presupuesto de otras áreas tampoco es popular ni beneficioso para la población. Una sociedad próspera requiere un gasto en educación e infraestructura a tasa creciente. Realizar exactamente lo contrario, perjudicaría en el largo plazo a la población. Finalmente, reducir las pensiones es una violación a los derechos de propiedad. El Gobierno pactó hace años con cientos de miles de trabajadores una pensión de determinada cantidad. En consecuencia, estos individuos realizaron planes de vida a futuro a partir de un convenio con el gobierno. Es injusto cualquier reducción que no esté planteada en el convenio hecho con anterioridad. Por lo mismo, no se mencionó un aumento en las aportaciones para la jubilación de parte trabajadores como de las empresas. Estas llegaron a un trato hace años, que, en principio, no debería cambiar.
En consecuencia, es necesario que nuestros políticos traigan este tema a la mesa de debate. Las pensiones si no son reestructuradas con cuidado pueden convertirse en un desastre para las finanzas públicas de la nación. Muchos analistas consideran que no es tarde para una reestructuración en las finanzas que no reduzca el nivel de bienestar de los ciudadanos. No obstante, si no se dialoga y se encuentran soluciones, el gobierno en un futuro tomará medidas drásticas que seguramente empeorarán a más de un individuo.
mgm