Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ahora la Procuraduría Fiscal busca mandar una nueva iniciativa para implementar la prisión preventiva justificada, así lo indicó Carlos Romero Aranda, titular de la dependencia.
“Aunque no tengamos prisión preventiva oficiosa y a pesar de las limitantes que nos ponen los jueces, vamos a tratar y estamos haciendo la petición a los jueces de tener prisión preventiva justificada en los asuntos en los que podamos tener el riesgo de que puedan huir los inculpados en defraudación y elusión fiscal”, indicó el funcionario.
Durante su participación en el 3er Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, Romero Aranda dijo que hasta hoy no tienen asuntos presentados o que se hayan obtenido prisión preventiva oficiosa, pero están a la espera de que salgan los criterios para meter una iniciativa.
“Estamos analizando de qué manera se puede mandar una nueva iniciativa, si podría ser en otra disposición legal, haciendo una nueva reflexión o incluso en el artículo 19 constitucional”, destacó.
Carlos Romero dijo que hasta 2018 se registraba una evasión de 500 mil millones de pesos por concepto de factureras y defraudación fiscal.
“Nosotros cuidamos mucho no criminalizar la pobreza, estamos hablando de que el monto mínimo para tener prisión preventiva oficiosa son 8 millones 600 mil pesos, eso quiere decir que el comprobante de la defraudación fiscal debe ser mayor a 24 millones de pesos, una persona de escasos recursos en toda su vida va a ver esa cantidad”, destacó.
A pesar de que están en espera de la resolución de la corte, también indicó que es necesario hacer una nueva reflexión sobre el tema para que sea más fácil perseguir y sancionar a los evasores fiscales.
dhfm
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