La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe comprobar que su decisión de declarar inconstitucional la prohibición a la venta de cigarros electrónicos y vapeadores no estuvo motivada por la industria, pidieron organizaciones de la sociedad civil.
“Nos mete mucho ruido que la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, que debería ser garante de la protección constitucional de los mexicanos, haya aceptado reunirse con representantes de la industria y se debe comprobar que su decisión no estuvo influenciada por ésta”, indicó Erick Antonio Ochoa, presidente de la organización Salud Justa Mx.
SCJN declara inconstitucional prohibir el vapeo absoluto
Ochoa comentó que los ministros aceptaron reunirse con representantes y aliados de la industria, por lo que, si esto se comprueba implica una violación al artículo 5.3 del convenio marco de la OMS, el cual fue firmado por México desde 2004.
“Es algo que se tendría que analizar, tendrían que mostrar sus bitácoras de reuniones para ver qué tanto acercamiento tuvo con la industria tabacalera, con grupos de vapeadores o con cualquier interesado que defienda los intereses de la industria”, destacó Ochoa.
En conferencia de prensa, varias organizaciones coincidieron en que fue una decisión pública que se tomó sin hacer las consultas científicas y medicas sobre las implicaciones que tendría, y que ésta replicó el argumento de la industria tabacalera de que estos productos hacen menos daño.
“En la resolución de la SCJN se habla de los daño a la salud y nunca hablan de la evidencia científica, (…) es extraño en ministros que tienen esta capacidad técnica para argumentar jurídicamente, sin entrar al fondo del asunto de las implicaciones médicas y sociales”, indicó Ochoa.
Cabe señalar que esta decisión no contraviene la prohibición de importación y exportación vigente desde el año pasado por decreto presidencial, tampoco implica que se van a comercializar los cigarros electrónicos de manera libre, para que una persona pueda verse beneficiada por esta decisión tendría que iniciar un juicio.
Inti Barrientos, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), comentó que estos productos tienen como público objetivo a los jóvenes y adolescentes, por lo que, esperan que en la determinación final la Suprema Corte tome en cuenta a la comunidad científica para encontrar la mejor forma de regular la forma de producción o comercialización de estos productos.
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