Ante la crisis de COVID-19 y ante la falta de financiamiento de muchos mexicanos y Pymes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propuso crear un buró público, que contenga datos del cumplimiento de pagos de servicios públicos, al que tengan acceso tanto la banca tradicional como las Fintech.
“Uno tiene acceso a financiamiento en la medida en que conocen el historial crediticio de una persona, si no tienes acceso naturalmente no tienes un historial, pero el gobierno tiene acceso a pagos de servicios como la luz, agua, Infonavit, entre otros que dan cuenta de la capacidad de pago y que no están en el sistema bancario”, indicó Alejandra Palacios, titular de la Cofece.
En este sentido dijo que la idea es que el buró sea público y de libre acceso, no discriminatorio, para todos aquellos interesados en dar crédito a las personas que no forman parte del sistema financiero.
“Cuidando la parte tecnológica y de cómo se manejan los datos personales se podría operar un buró de este tipo”, destacó.
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En el marco de una conferencia virtual, Palacios indicó que como resultado de la crisis sanitaria, los mercados podrían concentrarse más, por lo que, además del buró público hizo 11 recomendaciones más para fomentar la competencia y contribuir con la reactivación económica.
Otras de las medidas que propone es incrementar las opciones de compra de medicinas a mejores precios para las familias, agilizando la entrada de medicamentos genéricos al mercado, hacer que los costos de la electricidad sean lo más competitivos posibles, al garantizar el cumplimiento del marco legal vigente en cuanto al despacho económico de electricidad.
Además, pide promover los precios más bajos posibles de las gasolinas, mediante el otorgamiento expedito y no indebidamente discriminatorio de permisos para la importación y expendio de gasolina y diésel, lograr la entrada de más empresas a nivel estatal en los mercados de gasolinas, gas LP y transporte de carga.
También, aumentar la eficiencia de la entrada de mercancías por vía marítima, con una reforma a la Ley de Puertos que incorpore principios de competencia, con el establecimiento de sanciones para los actos de las APIs que incumplan resoluciones de la Cofece y hacer obligatoria la opinión favorable de la Comisión previa a cualquier modificación del contrato de un cesionario.
Por último, Palacios indicó que es necesaria una reforma al artículo 105 de la Constitución que faculte a la Cofece para presentar acciones de inconstitucionalidad sobre normas generales que violenten los principios de competencia.