A 45 días de la elección, parecería ser que el país se está jugando, sino su existencia misma, sí su proyecto de nación, que suponía la posibilidad de conectar la democracia con la modernidad de la globalización, y así poder superar su principal debilidad que es, sin duda alguna, el atraso y, con ello, la pobreza de millones de sus habitantes.
El nacionalismo revolucionario priista supuso que el crecimiento hacia adentro era viable para ello, pero su incapacidad económica, junto con la crisis del presidencialismo absoluto, abrieron la puerta al cambio.
El de conectarse a los mercados internacionales, aunque pretendiendo fallidamente mantener el autoritarismo político como forma de gobierno.
Pero los años de la construcción democrática globalizadora, entre 1997 y 2018, lograron modificar la imagen del país desde el centro y hasta la frontera norte de la República, mientras que el sur y grandes franjas de desposeídos dentro de todo el territorio no lograron conectarse a ese desarrollo al persistir estructuras caciquiles, arcaicas y explotadoras contrarias al esfuerzo modernizador.
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Y si este fenómeno se produjo en diversas partes del planeta, en México adquirió una connotación muy particular al combinarse el retorno del PRI de Peña Nieto, con el desproporcionado aumento de su corrupción intrínseca, aunado al trabajo político de un luchador social que, como Andrés Manuel López Obrador, vio alineadas las estrellas para un triunfo estremecedor en el 2018.
El problema hoy radica en que para AMLO, la posibilidad de hacer compatible el nacionalismo revolucionario, la democracia representativa y sus instituciones, y la realidad globalizadora internacional, es no únicamente nula, sino representa un cóctel explosivo que amenaza con llevarnos a la democracia iliberal —léase dictadura blanda— y a una catástrofe económica, producto de su obstinación por romper con el acuerdo internacional en lo referente a la legalidad de contratos firmados y obligaciones con otros estados.
La alianza PRI-PAN-PRD no tiene proyecto alguno más que intentar impedir que Morena y sus aliados terminen por reventar los últimos equilibrios de la democracia representativa que aún subsisten.
De regresar al terreno de la negociación política, donde se reconoce al opositor como un ente legítimo, y en donde la pluralidad no es sinónimo de un engaño al pueblo.
Es esto lo que se juega el próximo 6 de junio. Una elección intermedia que no debería de tener mayor trascendencia, pero que dada la polarización existente, es prácticamente un duelo a muerte entre la democracia representativa y el presidencialismo absoluto reconstruido y potenciado.
Por EZRA SHABOT
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