El sector de hidrocarburos mostró históricamente un menor grado de apertura en comparación con la industria eléctrica, previo a la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución (la Reforma Energética).
En el caso del Gas LP y Gas Natural podían construir su propia infraestructura y realizar la venta del producto directamente al usuario final, aunque, acotados por una regulación de precio en el Gas LP y limitada infraestructura en el caso del Gas Natural. Para gasolinas y diésel, el privado podía ser un distribuidor con contrato de exclusividad con Pemex o tener una franquicia (gasolinera).
La Iniciativa de Reforma a la Ley de Hidrocarburos, enviada por el Ejecutivo Federal, plantea como sus impulsores establecer como Ley: (i) que el permisionario demuestre que su capacidad de almacenamiento cumple con lo que determine la SENER; (ii) la negativa ficta cuando pase el plazo para resolver una solicitud de permiso, con lo que la CRE no necesita resolver dicha solicitud, solo dejar pasar el tiempo para negar el permiso; (iii) contemplar un mayor número de disposiciones que permitan la revocación del permiso, señala que se enfocará en conductas relacionadas al inadecuado despacho, ya sea por calidad, cantidad o medición; (iv) contrabando de combustibles, siendo una conducta que permita revocar el permiso; y, (v) suspensión del permiso, por peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional, las cuales expresa que al “garantizarlos” se mantendrá la suficiencia energética en el corto, mediano y largo plazo.
Por lo que los efectos son diversos, ya que quedan expuestos los permisionarios a condiciones subjetivas y solo con la posibilidad de solicitar el pago de afectaciones. Lo más preocupante es de darse las suspensiones de permisos, principalmente en los permisos de importación, se pondría en riesgo el 20% de las gasolinas y 36% del diésel importados, correspondientes a privados, un total de 6.5 millones de barriles en diciembre 2019, es decir, podrían crear desabasto en el corto plazo.
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Asimismo, la diversidad de ofertas se perdería, acotando al consumidor final la posibilidad de elegir donde cargar gasolina o diésel, ante la falta de suministro privado, dirigiendo la demanda a un producto comercializado por Pemex, ya que hay que recordar que las refinerías no tienen capacidad para atender la demanda, así que el producto seguiría siendo importado, pero ahora por Pemex, lo que no diferiría en el grado de seguridad que esto proveería a México frente a un privado.
Nuevamente, lo que no sopesa esta Iniciativa, al igual que la Reforma a la Ley de la industria Eléctrica, es que el no tener opciones hace más caro todo.
Por JORGE LAVALLE
SOCIO DE ACCURACY LEGAL AND CONSULTING
@JLAVALLEMAURY
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