México ocupa el séptimo lugar entre los países del mundo con mayores reservas de litio. Este, dicen algunos versados en la industria, será el petróleo del futuro. Se espera que tan solo en cuatro años, la demanda por el litio se cuadruplique, llegando a poco más de 4 millones de toneladas métricas para el 2025.
Al más puro estilo de los 40s, Andrés Manuel López Obrador ya avisó que piensa reformar la ley para nacionalizar el litio, además de todo el proceso industrial y comercial que deriva de este metal. Para ello pretende frenar las concesiones desde ahora para que ya nadie pueda sustraer litio del subsuelo nacional.
Si la extracción del petróleo no resultó tan fácil como el presidente pensaba (“se hace un hoyo y se saca”), la obtención del litio resulta de entrada bastante más compleja. Por lo tanto, aunque podemos elucubrar en el sentido de que tendremos, en lugar de Pemex un Litimex, con ese nombre la compañía del Estado llevará la penitencia por los litigios que se vislumbra ocurrirán. Y si hoy viviera Ramón López Velarde podría modificar aquella estrofa de Suave Patria: “El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo y litio, el diablo”.
Los yacimientos de hidrocarburos con los que cuenta nuestro país no se supieron traducir en bienestar para la población. Bajo la falsa promesa de la soberanía nacional, Pemex se volvió una de las empresas más caras y endeudadas del mundo en el ámbito de la extracción de petróleo y la producción de sus derivados.
El problema que plantea la falsa dicotomía de soberanía o empresa de propiedad (o con inversión) de la iniciativa privada, lleva impreso un reducto ideológico: solo el Estado puede explorar, administrar y transformar las riquezas naturales. Sin embargo, hay resultados desalentadores con este esquema como es la deuda de Pemex o la contaminación ahora generada por la CFE, sin olvidar el alza en los precios y en los niveles de consumo de luz en años recientes.
Se requiere la inversión de millones de dólares para poder extraer el litio y posteriormente más para poder transformar la materia prima. México puede establecer legislación acorde a las necesidades del país y de quienes pueden volverse socios estratégicos para que nuestro país reciba mayores ingresos por parte del litio, pero sin tener que invertir dinero con el que no cuenta el Estado. En la extracción del litio, podría suceder como ocurre con el petróleo donde, por falta de pericia y de iniciativa, se quema gas durante el proceso de extracción, siendo que este sería un producto adicional que podría utilizarse. En las minas de litio hay otros minerales valiosos que deberían ser utilizados, sin embargo no hay certeza de que el Estado sabría aprovecharlos. Es necesario que expertos ayuden y asesoren a las autoridades sobre las mejores prácticas para su extracción, transformación y administración.
El que el gobierno dé por sentado que con la nacionalización del litio se podrá alcanzar una nueva época dorada para nuestro país, demuestra que existen falsas apreciaciones con respecto a lo que sucedió a raíz de la expropiación petrolera y la eléctrica.
La obligación del Estado se sustenta en obtener los mejores beneficios para toda la ciudadanía. Y la soberanía sobre el litio debe partir de establecer reglas claras para que los participantes en sus diversos procesos paguen lo justo al Estado mexicano por las concesiones.
Pretender que el gobierno maneje todo el proceso del litio, basado en una falsa soberanía, probablemente se traducirá en estar condenados a más contaminación, como con la CFE, y a alimentar financieramente un hoyo sin fondo como es Pemex. La soberanía mal comprendida y peor ejecutada es señorío de quienes son gobierno. La verdadera soberanía debiera impactar positivamente en el bolsillo de los mexicanos. Y viendo la experiencia con la soberanía energética de nuestro país, ojalá el litio nunca llegue a ser soberano.
Por VERÓNICA MALO
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