La transparencia no es ni el fuerte ni la prioridad del actual gobierno. El número de contratos, adquisiciones e información generada durante la presente administración federal, ya sea que no existe o está bajo resguardo, es apabullante.
Lo que al principio de la gestión pudo pensarse se debía a falta de pericia y de conocimiento respecto de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, después de dos años ya no es una explicación válida.
La opacidad no solo se ha vuelto el común denominador de todas las acciones y ámbitos gubernamentales, sino muestra también un tajante desprecio por cumplir con una de las obligaciones de cualquier gobierno: informar de manera veraz y cotidiana a la ciudadanía de lo que hace o deja de hacer.
Aquí un somero esbozo de esa opacidad:
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-Las pipas para transportar gasolina. Una de las primeras compras de la administración. Más de 70 pipas de las que no se sabe dónde están (recordemos que solo 10 desfilaron en septiembre de 2019; luego ya no se dijo ni se supo nada de ellas). No se quisieron comprar en México, aunque se podía haber hecho. Se sigue sin conocer el monto exacto que se pagó por ellas y a quién se les compró.
-Las cifras para poner fin al NAIM de Texcoco. El mismo ex secretario Jiménez Espriú dio diferentes números de lo que había costado el quedarnos sin ese centro aéreo; información, por cierto, distinta a los “otros datos” —no comprobados— que dio en su momento López Obrador.
-Costo aproximado de la construcción —de la tolvanera— de Santa Lucía, también conocido por aeropuerto Gral. Felipe Ángeles. Incluyendo montos totales de las hectáreas expropiados, así como del pago realizado a quienes se les fueron expropiadas sus tierras.
-Monto total erogado en el programa “Sembrando vidas”. Número de árboles entregados, sembrados, y las regiones donde más ha impactado positivamente el programa (¿acaso hay alguna?)
-Número de boletos vendidos de la rifa/no rifa del avión presidencial. Así como lo que se hizo en las instalaciones públicas donde recayeron algunos de los premios. Cuándo se otorgó y qué se adquirió con ese dinero público.
-Costo por adecuar las zonas de Palacio Nacional para convertirlas en residencia de la pareja presidencial.
-Monto erogado por la expropiación tanto de las zonas aledañas a la refinería de Dos Bocas como de selva por donde pasará el Tren Maya.
-Ubicación de las universidades “Benito Juárez”. Aunque se habla de la construcción de más de 100, la información al respecto sigue apareciendo como “no disponible”.
-Impacto del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Las cifras siguen siendo difusas, no se sabe cuál es el total de los jóvenes beneficiados, así como el porcentaje de los mismos que han sido contratados por las distintas fuentes de trabajo.
-El destino de los más de 110 millones de pesos producto de la extinción de 109 fideicomisos. Dinero “ahorrado” del que no se sabe nada sobre su paradero.
-Impacto ecológico y ambiental de la construcción y posterior funcionamiento de Dos Bocas, del Tren Maya, del Aeropuerto de Santa Lucía. Ya no se diga los estudios financieros de su operatividad. Se conocen proyecciones que han hecho distintos actores de la iniciativa privada, pero no las oficiales.
-Monto recaudado en la famosa cena de atole con tamales. La venta ahí realizada de los boletos de la rifa/no rifa del TP-01 empezó siendo una cifra cambiante y terminó sin conocerse el dato final oficial.
-La compra consolidada de las medicinas. A estas alturas la realidad muestra que no sucedió.
-El desfalco de Emilio Lozoya a Pemex. ¿Montos, confesiones, por qué sigue libre?
-Hasta los mismos partidarios de Morena se preguntan dónde están las encuestas que dieron, de forma interna, la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.
-Coste y ubicación de todas las sucursales del Banco del Bienestar, sin olvidar porqué algunas no cuentan con cajeros automáticos, cuando se supone era la razón principal de las mismas, esto es, permitir un acceso rápido, en cualquier momento, al dinero.
-Por cuánto, cuántas y a quiénes se compraron las vacunas antiCOVID. Información abierta en el resto de los países (hasta lo presumen), en México es información reservada por los próximos cinco años.
La lista sigue y sigue; hay muchas más adquisiciones, estudios, programas y decisiones que seguirán veladas para el público en general por ser información reservada. Para el gobierno que cacarea ser transparente, la oscura realidad oculta una muy deficiente administración.
POR VERÓNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
dza