Ni es prudente ni se ve bien que el presidente de la República cuestione públicamente la integridad de un juez que acaba de fallar en contra de una ley promovida por su propio gobierno. Hacerlo ciertamente manda un mensaje contrario al respecto a la autonomía de poderes.
Aún así, la autonomía del poder judicial no se defiende solamente frente al poder político, como tanto insiste la oposición. Igualmente debe garantizarse la defensa del poder judicial frente a la interferencia del poder económico, lo que ha intentado hacer AMLO.
Es muy claro que estamos ante un juez --Juan Pablo Gómez Fierro-- que de forma clara y sistemática ha respondido a intereses particulares, como los muestran sus fallos a favor de diversas empresas transnacionales con intereses en el sector energético
Especialmente inquietante es que este juez haya emitido en menos de 24 horas un fallo que a un juzgado puede tomarle hasta dos meses. Más aún, que dicho fallo tenga efectos generales a partir del amparo tramitado exclusivamente por dos empresas del sector energético.
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Sospechar que en un caso así puede haber corrupción –como lo hizo ver ayer el presidente-- no es en absoluto descabellado. Hay que ver quién es este juez –puesto por Peña Nieto y ligado al priísmo en San Luis Potosí--, de dónde viene y cuál es su oscuro historial.
En agosto de 2019 Gómez Fierro concedió un amparo al Sindicato de Trabajadores Petroleros para evitar que Pemex entregara información sobre las aportaciones financieras hechas a dicho Sindicato durante la dirigencia de Carlos Romero Deschamps.
Ese mismo año, concedió también una suspensión definitiva a favor Juan Collado para que este abogado de ricos, priístas y maleantes, a quien se le investiga por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no tuviera que revelar información bancaria a la Procuraduría Fiscal.
Antes, en 2016, el mismo Gómez Fierro dobló las manos ante Carlos Hank Rhon.
Es muy probable que el caso que llegó a sus manos recientemente estaba arreglado de antemano. También es posible que este juez sea un instrumento más de un sector que busca hacer oposición al gobierno de López a partir de la defensa de sus intereses económicos. Incluso que sea uno de esos “jueces valientes”, de los que buscan Claudio X. González y el abogado Luis Asali Harfuch para promover sus litigios estratégicos.
Ciertamente, no debió ser el presidente quien se pronunciara públicamente ante un caso como este, pero la 4T tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Quizás era un trabajo para la Consejería Jurídica de la Presidencia y no para una mañanera.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
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@HERNANGOMEZB
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