La vecindad de México con Estados Unidos entraña una vinculación dinámica en todos los ámbitos: histórico, demográfico, económico, político, social, migratorio y cultural; en este marco se debe contextualizar la carta del actual gobierno de los Estados Unidos en torno al sector energético mexicano, a solo cinco días del cambio de administración y firmado por tres secretarios estadounidenses.
La misiva, donde valoran la cooperación de ambos países para superar los actuales desafíos sanitarios y económicos, se centra en la política regulatoria energética del gobierno mexicano.
El gobierno estadounidense saliente expresa su respeto al derecho soberano de México a determinar sus propias políticas energéticas; pero a partir del supuesto de que algunas decisiones en materia regulatoria en beneficio de las empresas productivas del Estado puedan inhibir la competencia y dañar el clima de inversiones, manifiestan su preocupación por el cumplimiento de los compromisos de México en el T-MEC.
La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, respondió de manera inmediata y contundente: “La relación con Estados Unidos dentro del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado”.
Te podría interesar
Al respecto, podemos abonar lo siguiente: México y ningún Estado soberano, en momentos de crisis sanitaria y económica, puede descuidar y menos abandonar la regulación de sus áreas estratégicas, que son asunto de seguridad nacional y seguridad energética.
Sobre todo, cuando Pemex redujo en un 50 por ciento su producción de 2004 a 2019; y su deuda paso de 841 mil millones de pesos en 2013 a más de dos billones en 2018; haciendo necesaria una disminución de su carga tributaria y capitalizarla para que continuara participando en el mercado petrolero.
La reactivación del sector energético mexicano está basada en el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado y el aliento a la inversión privada nacional y extranjera, en un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.
Un ordenamiento energético Constitucional intacto da constancia de la certeza jurídica; así como la vigencia de los 133 Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; y de los contratos de las subastas eléctricas, que llevan instalada el 74.6 de infraestructura para la generación fotovoltaica y eólica, avance importante en la transición energética; y el otorgamiento de 1,083 permisos a privados, quienes pueden producir el 46 por ciento de la electricidad y venderla.
Independientemente de quien gobierne Estados Unidos ya sea republicanos o demócratas, ellos siempre velarán por sus intereses, tal y como lo expresan en la misiva enviada. Por lo tanto, los poderes del Estado Mexicano deben cohesionarse en torno al sector energético, para establecer una relación constructiva, inteligente y de respeto ante el nuevo gabinete presidencial estadounidense, haciendo valer nuestros intereses nacionales.
POR MANUEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
WWW.MANUELRODRIGUEZ.MX