Para Pedro
Sin duda la ley deja mucho espacio a la interpretación, especialmente para los jueces que son responsables de emitir sentencias y resoluciones. Por ello, ante la duda, es indispensable acogerse a los principios que generaron las normas. En materia electoral, todas las reformas estuvieron encaminadas a fortalecer la imparcialidad de las autoridades, instituciones y funcionarios públicos para garantizar que las elecciones se realizaran sin ventajas ni sesgos para nadie. Por ello, el INE es un organismo autónomo con atribuciones no sólo para organizar los comicios, sino para arbitrar los procesos. En pocas palabras, el INE debe poner frenos si alguien no autorizado invade el ámbito electoral, y establecer lineamientos que guíen la prevalencia de la imparcialidad en todo momento.
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La sabiduría de nuestro sistema consiste en que el Tribunal Electoral está facultado no sólo para a corregir errores del INE o interpretaciones equívocas de la ley, sino para impulsar y facilitar las políticas institucionales que refuercen el respeto a principios como la imparcialidad. Si el tribunal no colabora, todo el andamiaje de la imparcialidad se ve afectado. Eso ocurrió esta semana, cuando el Tribunal revocó la medida cautelar que emitió el INE contra el presidente de la República, para cuidar la equidad en el proceso electoral.
Las referencias presidenciales a las elecciones, a partidos de oposición y sus estrategias, y a la defensa a su proyecto sobre las presuntas intenciones de sus oponentes electorales, constituyen una violación flagrante a la Constitución. Por eso el INE reaccionó oportunamente y emitió una medida cautelar para evitar que el presidente repitiera ese tipo de declaraciones en su política de comunicación social. Resultó vergonzoso que el presidente mandara a su consejero jurídico a impugnar ante el Tribunal la decisión del INE, en especial porque fue a partir de la propia actividad política de López Obrador que se conformaron las normas que prohíben dichas intervenciones. Ese simple hecho muestra que el presidente tiene toda la intención de utilizar la plataforma de sus mañaneras para “defender” su proyecto y a su partido de sus oponentes partidistas que tienen todo el derecho de ofrecer un proyecto diferente al del presidente.
Pero resulta mucho más vergonzoso que la mayoría de la Sala Superior del Tribunal revocara la decisión del INE, con el argumento de que no procede dictar medidas sobre “actos futuros de realización incierta”. Cuando se trata de defender la imparcialidad, lo importante es impedir que cualquier acto que la afecte pueda ocurrir. En este caso, la interpretación del derecho debiera avanzar al fortalecimiento de las posturas institucionales y sumar políticas, más que restringirlas amparados en recursos legaloides. Hacerlo así no solo traiciona la defensa de la imparcialidad, sino que abre la puerta para que otros actúen como el presidente. Lamentable.
POR ARTURO SÁNCHEZ
DECANO EN EL TEC DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG