El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, la cual reconoce a esta actividad como de interés público tutelada y protegida por la entidad y los municipios, por lo que estableció una pena máxima de 25 años de prisión en contra de quien asesine a una persona en ejercicio de la actividad periodística o defensora de derechos humanos.
El dictamen, que conjuntó tres iniciativas de los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD e integra propuestas de colectivos de periodistas y organismos nacionales e internacionales, reconoce como derechos específicos de la actividad de los periodistas el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre acceso a la información y actos públicos, así como la capacitación.
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Por Redacción
PAL